Todavía hay ecos de la reforma electoral presentada por el gobierno federal, para realizar una cirugía mayor al sistema de partidos en México. En la entrega anterior se valoraron los pros y contras de la eliminación de los diputados de representación proporcional.
Esta entrega descansa en las autoridades electorales quienes, en la iniciativa de AMLO, se pretenden federalizar. Es decir, que solo una instancia sea la encargada de la capacitación y organización de los comicios.
Hay que recordar que la burocracia electoral contempla un órgano autónomo federal (INE) y 32 organismos públicos locales electorales (Oples). Ahora, en la iniciativa presentada, se busca centralizar todo el trabajo en una sola instancia.
En la práctica, lo anterior es casi una realidad. Los comicios que se celebran en las entidades federativas, se realizan con la tutela del órgano federal quien capacita a los funcionarios de casilla y aprueba la ubicación de las mesas directivas de casilla.
Estas funciones básicas para la organización de una elección, ya las venía realizando el INE en colaboración con los órganos locales que, desde el 2014 (año de la última reforma electoral), había venido a menos en cuanto a sus responsabilidades administrativas.
De tal suerte que se veía venir un “golpe final” a ese ejército electoral que se formó al interior del país y que se profesionalizó a lo largo de los años. Lo anterior, a costa de altos sueldos y dádivas que los gobernadores tenían con sus integrantes.
Un ejemplo, es que lo partidos políticos en Hidalgo reciben financiamiento público de la federación (por ser partidos políticos con presencia nacional), pero también reciben por parte del ejecutivo local.
Con eso se mantienen serenas las aguas con los actores políticos de oposición y se suaviza el camino de la política real, creando compromisos. Pero el punto es que el presupuesto se lastima mucho, porque con un afán político se merman los recueros públicos.
El telón de fondo tiene que ver con lo costoso que son los comicios en México. Según esta reforma, los ahorros estimados ascienden a 24 mil millones de pesos. Suena muy bien en un país con grandes carencias y pendientes sociales.
La clave es que nuestro sistema electoral todavía es cuestionado. No alcanza la sima de la legitimidad, a pesar de todo lo que nos cuesta y de todo el camino recorrido en reformas electorales que iniciaron en la década de los noventa.
Hacer este ajuste suena bien, pero deja en desprovisto el capital humano que se formó durante años en estas instancias. El encarecimiento de su burocracia creció de manera abismal y ahora no hay de otra, más que cortar de tajo con esa pesada losa.
En la letra parece una idea afortunada pero costará mucho el proceso de aprendizaje local.
2010_enrique