La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes que tenemos todas las personas y es una de las fuentes más importantes para la democracia, pero debemos de señalar que todo derecho tiene restricciones y la libertad de expresión no se encuentra exento.
Las primeras restricciones son ya muy comúnmente conocidas y tienden a proteger el derecho de terceros y a la sociedad en general mismo que implica que no atente contra la dignidad de las personas, su vida privada o que no calumnie a las personas y en cuanto a la sociedad la protección y con ello la prohibición de mensajes de odio o discriminatorios con lo que se evita propagar campañas violatorias de derechos humanos.
Por tanto, es que debemos de establecer que no todas las “opiniones” son permisibles dentro de la libertad de expresión puesto que la misma admite restricciones que implican de forma directa la protección de los derechos de terceros y de la sociedad.
En ese mismo sentido los servidores públicos se encuentran aún mayormente restringidos en cuanto a su libertad de expresión dado que, su opinión no puede ser establecida sin limitación alguna por lo que en un Estado democrático cualquier servidor público debe de ceñirse a los principios de imparcialidad y equidad sin importar sus ideologías o preferencias.
En consecuencia, es que un servidor público no puede ocupar su encargo para tener mayor difusión sobre sus ideas que cualquier otro ciudadano ni mucho menos pensar que sus opiniones no se encuentran envestidas de mando puesto que, contrario a ello un servidor público tiene una connotación de mando, así como acceso privilegiado a medios de comunicación que rompen con toda equidad, motivo por el cual es que la obligación de todo servidor público es actuar con diligencia ante la responsabilidad que se le ha otorgado.
En consecuencia, es que efectivamente la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes del sistema democrático, pero debe de ser protegido y ello implica establecer limitaciones al mismo, puesto que de lo contrario el abuso del mismo pudiera acabar incluso con el sistema democrático.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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