Una de las finalidades fundamentales de los sistemas jurídicos penales es que la persecución penal sea únicamente el Estado con la finalidad de evitar la venganza privada y que sea el Estado quien se encargue de ser el pacificador del país.
De lo contario, al permitir la participación sin restricciones de las personas que se sienten afectadas de sus derechos implica que la persecución de los delitos se convierta en una venganza privada sin que se logre una de las finalidades más importantes del sistema penal que es la pacificación del país.
Lo anterior se logra únicamente cuando el Estado es quien se vuelve el responsable de la seguridad y como consecuencia, las partes sea imputado o víctima solamente se vuelven participes de las potestades de la actuación del Estado.
En tal sentido, es que el Estado se ejerce como el único facultado para poder ejercer la fuerza necesaria para poder sancionar a otra persona, lo que implica que si la sentencia fuera o no aceptada por el imputado no habría un dolor contra la víctima o persona que denuncia sino contra el Estado que fue quien ejerció el poder para condenar o absolver.
Del mismo modo si la sentencia fuese favorable, por lo que ello impide que las personas puedan sentir la posibilidad de manipular el propio sistema u ocuparlo para extorsionar o presionar por un beneficio a otra persona.
Sin embargo, cuando existe un Estado ausente que acredita su imposibilidad para actuar, sino que el desprestigio de su sistema ha obligado a que las personas busquen ser ellos mismos los ejecutores y los cuidadores del sistema de justicia implica no solamente el regreso de una venganza privada ante la imposibilidad del propio Estado por lograr una de sus mayores finalidades, sino la necesidad de lograr recuperar la confianza de las personas para poder evitar la búsqueda de esa venganza.
Por tanto, es que el Estado que se ejerce como protector de derechos humanos permite si bien la participación de la ciudadanía también impide que la misma sea la que resuelva aquello que solo le atañe al Estado como es la justicia.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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