Después de un sexenio donde el combate a la corrupción fue la norma (al menos en la retórica), hoy nos damos cuenta que el problema es mucho más complejo de lo que pensamos; y lo es, porque todos formamos parte de este maligno entramado, de buscar constantemente un camino alterno a la ley.
Aunque el ex presidente López Obrador tomó como bandera la erradicación de esta práctica, los indicadores nos demuestran que la suma de voluntades no basta para sacar de la psique mexicana, estos comportamientos que laceran la vida pública del país.
Lo anterior viene a cuenta porque hace unos días, Transparencia Internacional ha colocado a México en el peor puesto de su historia en el Índice de Percepción de Corrupción. La organización, que elabora su informe cada dos años, ubica al país en 2024 en la posición 140 de 180 países evaluados, a la altura de Iraq, Uganda o Nigeria.
En otras palabras, dentro de los 100 puntos posibles, que suponen la calificación máxima, México obtuvo 26. Esto supone un retroceso con respecto a 2022, cuando el país registró 31 puntos y se situó en el puesto 126.
En el informe se puede leer que: “los resultados confirman el mandato de la sociedad mexicana: el gobierno debe enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México”, pero también el texto resalta que “los niveles de corrupción son extremadamente elevados en todo el mundo”. Esta conclusión obedece a que dos de cada tres países, están por debajo de los 50 puntos.
Cabe destacar que Dinamarca (90), Finlandia (88) y Singapur (84), encabezan el ranking mientras que en los lugares inferiores están Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10). En América solo Uruguay (76), Canadá (75), Estados Unidos (65), Chile (63) y Costa Rica (58) consiguen el promedio aprobatorio.
De tal manera que se debe de seguir con un combate directo a este cáncer en la administración pública. Hacer todo lo que esté del lado de las autoridades y también de los ciudadanos para disminuir (y a la postre, erradicar), la corrupción en el país.
Es alarmante que México haya sufrido el peor descenso del continente, ya que ha caído cinco puntos en solo dos años. El país queda mejor evaluado que Guatemala (25), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16) y Nicaragua (14), pero peor que Cuba (41), Colombia (39), Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32), Perú (31) o Bolivia (28).
Aunque el indicador obedece a un criterio de interpretación basado en información de 13 “fuentes independientes” entre 2023 y 2024: “al integrar distintas mediciones y dos años en una sola estimación para evitar que un solo evento o escándalo de corrupción altere la calificación de un país”. Lo cierto es que los datos nos sitúan en un lugar incómodo para la narrativa de la cuarta transformación.
Quizá la reconfiguración que se realizó en los últimos meses, donde desapareció el llamado INAI (organismo nacional de transparencia y acceso a la información), mermó la percepción de aquel compromiso asumido por Morena y sus dos presidentes.
También tiene sentido pensar que la reforma judicial tiene un boleto en esta visión. En donde los contrarios a dicha reforma asumieron el rol de víctimas del poder al traducir este momento en un atentado contra la república y los contrapesos del presidente.
A pesar de lo anterior, hay que asumir que el problema de la corrupción está lejos de disminuir (y no se diga de erradicar) en este país.