Sin duda una de las cuestiones que han marcado estos últimos días en nuestro país han sido las terribles imágenes que hemos visto respecto a los monstruosos actos realizados por el crimen organizado en el norte del país.
Sin embargo, algo mucho más doloroso fue el lamentable mensaje que realizo una presidenta municipal mediante el cual solicitaba que solo se cobrara el piso a quien no había pagado y que no iba a permitir que por unos que no habían pagado sufrieran todos.
No solo es lamentable es indignante que el gobierno acepte un estado de excepción, mediante el cual se cobre por seguridad que el Estado debe de otorgar a las personas y que solo el Estado puede ocupar el cobro de impuestos o de cualquier dadiva.
No obstante, el señalar que la lucha no será para eliminar ese tipo de delitos y de ultrajes a la ciudadanía sino de impedir que no sea “abusivo” por decir lo menos, es un completo absurdo, por no decirlo de otra forma.
Es verdaderamente lamentable que quien debe de garantizar la seguridad de un municipio no comprenda su deber y el deber de salvaguardar un Estado Constitucional de Derecho, sin duda alguna es una declaración imperdonable.
En tal sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas y como consecuencia es el dueño del monopolio del uso de la fuerza, el cual no puede ni debe bajo ninguna circunstancia permitir que sea arrebatado por ninguna otra fuerza, mucho menos el monopolio para cobrar dadiva alguna por esa seguridad.
Por tanto, esa lamentable declaración debe de ser desterrada de cualquier pensamiento de cualquier representante del Estado, la idea misma de permitir hasta cierto punto la ilegalidad no puede ser permitida dentro de un Estado que nos garantiza seguridad y derechos a las personas, pensar lo contrario es sin duda alguna un despropósito del propio Estado.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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