Es una sofisticación que en ocasiones se vuelve difícil de comprender, el sistema electoral mexicano, comprende un periodo donde los aspirantes a un cargo público, compiten entre ellos para ganar una postulación dentro de sus propios institutos políticos.
Esto que en el sistema norteamericano se le conoce como las elecciones primarias, en México lo traducimos como un periodo de precampaña. Es decir, una competencia previa antes del ejercicio comicial formal.
Parece raro – y de hecho lo es – porque ese ejercicio que se celebra al interior, se promociona al exterior. Es decir, se realiza una pequeña campaña teniendo la salvedad de mencionar que dichos promocionales están dirigidos específicamente a militantes y simpatizantes de tal o cual partido.
A todas luces, la legislación tiene un bache, una especie de absurdo legal. Porque es complejo hacer una campaña abierta para un público específico. Eso es equivalente a decir que aquellos que no simpaticen con una opción política se tapen los oídos y los identificados pongan mucha atención.
Pues en ese limbo estamos parados en el estado de Hidalgo. En un periodo de precampaña donde los tres participantes en los procesos internos de sus partidos no tienen contrincantes. Es decir, no compiten con nadie.
Siguiendo con lo irrazonable ¿si los partidos ya resolvieron la etapa de la postulación de candidatos para qué hacen precampaña? La respuesta es sencilla, porque para este periodo existe una partida presupuestal. Dinero público destinado a un proceso interno simulado, otra incoherencia más. En un lenguaje sencillo se puede decir que los precandidatos, con la venia de sus partidos, están jugando sus cartas. Están dentro del marco legal pero fuera del sentido común.
Aún más, la ley contempla que en este periodo no puede haber descalificaciones a los adversarios, ni promoción personal, ni posibilidad de realizar propuestas. De tal suerte, que lo prohibitivo limita a tal nivel que la precampaña deja de tener un sentido práctico.
Pues a pesar de todo lo anterior, los involucrados aprovechan al máximo las mínimas opciones. Acuden a los mecanismos digitales, a los encuentros con las bases (militantes y simpatizantes), a las entrevistas en medio, en fin.
La idea general es hacer mucho a pesar de las trabas legales. Pero ¿por qué llegamos a este punto? ¿En qué estaban pensando los legisladores cuando propusieron un periodo de precampañas? La explicación parece ambigua. Se supone, que uno de los preceptos democráticos en la contienda electoral tiene que ver con las condiciones de igualdad y equidad.
Por eso, la legislación “pretende” regular desde el primer momento las aspiraciones de cada involucrado. A todo participante le procura las condiciones para tener la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias.
No obstante, valdría la pena hacer un ejercicio de evaluación para conocer el fondo de estos procesos. Quizá las buenas intenciones ahora se han deformado para tener un periodo de campaña sin ser considerado campaña. Se gasta económica y políticamente a las personas en dos etapas encaminadas al mismo fin. Tener la posibilidad de conocer ofertas políticas para ganar una elección.
Este tipo de cosas tendrán que ser consideradas en un esquema donde los ciudadanos ya no deberían de ser considerados como menores de edad, sino como entes pensantes capaces de discernir entre las mejores opciones políticas sin tanta regulación legal.
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