En unos días tendremos nuevos consejeros electorales del INE, este órgano autónomo que tiene por objeto, organizar los comicios federales en el país. La designación de estos funcionarios no ha sido sencilla. No lo es ahora y no lo ha sido desde su creación.
¿Por qué no hemos construido mecanismos claros para elegir a los árbitros de las elecciones? Esa sería la pregunta guía de estas líneas.
En primer término, decir que el antecedente del INE fue una dependencia donde el consejo general (máximo órgano de decisión), era designado por el titular del ejecutivo federal en un primer momento y después se utilizó una suerte de cuotas con los partidos políticos.
Es decir, los árbitros eran electos a través de las sugerencias que realizaban los propios competidores de la contienda. Un absurdo a todas luces, si lo que se busca es la imparcialidad y objetividad de los criterios.
No obstante, en principio parecía un mecanismo útil, o al menos equilibrado. Dependía de un arduo ejercicio de negociación política, pero al final, los consejeros eran promovidos por los partidos y aprobados por mayoría en el congreso federal.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. Ahora para bien o para mal, el partido mayoritario pretende imponer criterios en la elección de los nuevos consejeros porque –quizá así lo interpreten–, ahí se mantiene uno de los últimos resabios del régimen anterior.
Más allá de los discursos dogmáticos, lo que es un hecho es que todavía no hemos ideado un mecanismo real, que haga posible que las elecciones ocurran sin cuestionamientos, sin posibles fraudes, ni simulaciones.
Es increíble que después de muchos años de construcción de una democracia operativa, todavía queden pendientes de esta naturaleza. Espacios que dejan margen a la sospecha y que no abonan al elemento más buscado en los comicios, la certeza.
Lo que pretende hacer Morena de elegir a personas que son afines a su proyecto político, no es algo fortuito. Lo hicieron durante años el PRI, PAN y PRD al repartirse posiciones al interior del órgano, que debería ser garante de la imparcialidad en la contienda electoral.
Sin embargo, no se trata de repetir fórmulas y menos cuando el discurso de la 4T, se basa en romper esos mecanismos retorcidos. Pero, en la competencia por el poder todo parece válido, aunque en el discurso se defienda la denominada ciudadanización del INE.
Ese es otro tema sin resolver. ¿Habrá ciudadanos impolutos que no obedezcan intereses políticos? ¿Aquellos incuestionables a quienes se les pueda confiar la organización de un proceso electoral? La respuesta parece ser negativa. O al menos, en México nos ha costado años tratar de acercarnos a ese modelo ideal.
Porque cuando el poder está en juego, todo se complica. Ahí existen múltiples intereses que parece imposible acercarse a una autoridad, que puede garantizar condiciones equitativas para todos los competidores.
De esta manera, nuestra incipiente democracia todavía explora las posibilidades para encontrar esos mecanismos, que nos permitan avanzar en mejorar en cuanto a su organización y alejarse del fanatismo desmedido que contamina los procesos.