La Ley Federal de Juicio Político y de declaración de Procedencia que Morena y sus aliados del PVEM y PT aprobaron la madrugada de este jueves, pone en riesgo la estabilidad política y social del país, pero también podría llevar a una crisis democrática y en nuestro sistema de instituciones.
Así lo advirtió el diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, quien dijo que no se puede permitir que el Poder Legislativo se transforme en un órgano de revanchismo político, que utilice los procedimientos constitucionales como vendettas personales.
“Somos los representantes del pueblo, y nuestra función principal es legislar en favor de la justicia”, afirmó el legislador hidalguense.
Luego de que la minuta fue enviada al Senado de la República, el priista hizo un llamado a la prudencia y a que se realice un análisis serio y una revisión a fondo, a fin de generar una nueva propuesta que no violente principios fundamentales de nuestra Constitución.
En este sentido, Mendoza Bustamante manifestó que se debe legislar responsablemente, respetando los principios e instituciones políticas que emanan de la Carta Magna.
“La Ley presenta deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos fundamentales, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de poderes”, indico al hacer uso de la máxima tribuna de la nación.
Manifestó que no se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político cuyas vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del país.
Además, agregó el diputado del tricolor, viola el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, ya que cuenta con herramientas que permiten amedrentar a todo disidente, a cualquier persona que cuestione o pida cambios en el gobierno.
Señaló que como uno de los tres poderes de la Unión, el Legislativo tiene la obligación de crear leyes, pero de ninguna manera están autorizados para aplicarlas. Esa es tarea del Poder Judicial.
“Debemos cuidar las instituciones de Estado y distinguir entre la política y la justicia. Si el presidente cometió un delito debe ser juzgado; pero debe juzgarse conforme lo establecen las leyes especializadas”, subrayo
