Los padres de Ángel Daniel, menor con Síndrome de Down que en 2018 fue víctima de discriminación por trabajadores y directivos del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), ingresaron un oficio al Congreso local para solicitar que “con la mayor acuciosidad y precaución” elijan al próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos el Estado de Hidalgo (CDHEH).
Ello, ante la posibilidad de que Ramiro Lara Salinas –encargado interino– sea electo ombudsperson para el periodo 2022-2026, pues lo señalan de actuar con indebida diligencia en las dos quejas que ingresaron ante el ente público local cuando era el visitador general.
En su escrito, dirigido a los cinco integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad, los tutores señalaron que, conforme a la ley en la materia, el funcionario fue el responsable de presentar los proyectos de resolución ante el presidente, que entonces era Alejandro Habib Nicolás, los cuales no protegieron a la víctima.
Sin embargo, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la discriminación contra el menor, a quien dos años atrás le fue impedido tomar clases ordinarias de natación en el Centro Estatal de Alto Rendimiento (CEAR) –tras haberlo hecho de mayo a agosto– y fue segregado con el argumento de que debía practicar con personas con discapacidad (deporte adaptado).
Por los hechos, el ente nacional emitió la recomendación 81/2020 contra el entonces presidente de la CDHEH, por actuar con indebida diligencia, y el gobernador Omar Fayad Meneses. Ambos la aceptaron.
“Es preocupante que un visitador general cuyo encargo estuvo señalado por indebida diligencia y falta de protección a las víctimas, pueda ser electo como presidente de la comisión, contraviniendo el contenido del artículo 29 de la Ley (de Derechos Humanos del Estado, relativo a la ilegibilidad por violaciones a derechos)”, señala el escrito de los padres.
Mencionaron que el órgano interno de control de la CDHEH debe señalar a Lara Salinas como “responsable de la ausencia de protección a la víctima de violar de derechos humanos”, derivado de la recomendación 81/2020.
En tanto, en un posicionamiento 46 organizaciones y 94 defensores de derechos humanos y miembros de la academia rechazaron al “candidato oficial” por su “historial de atentados contra los derechos humano” y manifestaron su respaldo a Rafael Castelán Martínez, de la organización Seiinac