Hace unos meses en el municipio de Tizayuca, unos mototaxis llegaron a dar servicio en la cabecera municipal. Se hacían llamar los 300 y con documentos que los amparaban como sindicato independiente de trabajadores del servicio público, se asentaron en el primer cuadro de la ciudad.
Casi en automático se activaron las alarmas en el transporte convencional de aquel ayuntamiento y la autoridad tuvo que hacer frente a la problemática. Eso ocurrió antes que el conflicto tomara otros derroteros. Porque los afectados (dueños de taxis), defendían su nicho de trabajo utilizando la violencia.
Guardadas todas las proporciones, esa misma lógica operó ahora en Zimapán, donde un grupo de personas se hicieron pasar como miembros de otro sindicato generando el descontento con los transportistas de la región que se sintieron desplazados.
En ambos casos, el asunto estuvo a punto de generar un conflicto social de amplias magnitudes. Lo anterior, porque las fuentes de trabajo (escasas en la región), se veían amenazadas por personas – eso se dijo – del estado de México.
El punto en común de ambas situaciones, es que sigue reinando la anarquía en las agrupaciones o gremios de transportistas. Parece que los viejos vicios de tomar (arrebatar) espacios de trabajo, es el común denominador en algunas de ellas.
De hecho, en Zimapán se dijo que los invasores representan los reductos de la vieja Confederación de Trabajadores de México (CTM), que solo pueden subsistir a través de estos métodos, derivado a que su brazo político (PRI) ahora está en desgracia.
Sobre el caso de Tizayuca, se trataba de una agrupación emanada de comerciantes ambulantes que buscan ganar terreno en la zona metropolitana a como de lugar. Cabe mencionar que ese conflicto se minimizó, cuando se realizó una revisión exhaustiva de la propiedad de las motocicletas comprobando que muchas de ellas eran robadas.
Regresando a Zimapán, el conflicto escaló a tal nivel que una nutrida caravana de afectados realizó el viaje a la capital hidalguense, en busca de una solución que no era otra cosa que erradicar a los recién asentados en la región.
Las condiciones fueron propicias para los locales, pero seguramente no tardará mucho tiempo en que otros vivales quieran llegar a nuevos territorios hidalguenses. Quizá por nuestra cercanía con la zona metropolitana o porque se considera que en Hidalgo existe debilidad institucional.
Al menos en estos dos ejemplos, la ley se impuso y parece que el final dejó satisfechos a los que tienen derecho de antigüedad. Pero hay que tener presente, que muchos de estos intentos estarán por venir.
Es natural que estos conflictos emanen por el crecimiento natural de las ciudades y por la falta de oportunidades en las mismas. Aquello no se puede evitar. Pero no hay que perder de vista la actuación de las autoridades.
En eso si deben de estar preparados todos los actores involucrados. Sociedad y gobierno, deben de instrumentar estrategias para hacerle frente a estas dinámicas enrarecidas y a otras que seguramente vendrán por la anarquía que todavía subsiste en algunas actividades económicas.