Creo que como Estado y habitantes de nuestro país hemos comenzado a democratizar la justicia, pero aún falta hacernos no solamente parte sino vincularnos a la misma, lo cual no implica que sea el pueblo quien decida sobre los asuntos en litigio.
En cambio, implica que el pueblo se encuentre vinculado y por ende sea participe, entienda y pueda tener acceso a la justicia.
Sin embargo, ello se vuelve una idea absurda cuando el ingreso a los edificios que son públicos se encuentra no solamente cerrados sino impedidos para el ingreso de manera pública y sin ningún tipo de requisito.
En ese mismo sentido, no tiene razón de ser una justicia cercana al pueblo cuando las sentencias no las entiende el pueblo, cuando el juez es ajeno a los problemas sociales, cuando la soberbia judicial se convierte la herramienta principal de trabajo de los juzgadores.
En consecuencia, solo mediante una transparencia de procesos y resoluciones el pueblo podrá creer en la justicia de su país, pero en un país donde el acceso a las investigaciones y los procesos es casi imposible cuando opacidad judicial permea en todos los niveles, no es posible pedirle al pueblo creer en una justicia que nunca ha visto.
Me parece fundamental recordar que los jueces son ciudadanos haciendo un trabajo para los ciudadanos intentando que nuestro país sea un mejor lugar y ello debe de verse reflejado en su día cotidiano a través de cada uno de sus trabajos.
No obstante, cuando los servidores públicos obstaculizan la visibilidad de su trabajo hacia quienes son parte de un proceso y hacia el pueblo en general se crea una idea de corrupción y de impunidad que difícilmente se puede destruir con sentencias.
Por tanto, los juzgadores y servidores públicos deben de ser claros en resolver conforme a derechos y también de trabajar conforme a su pueblo, recordando que aquello que le conviene a su pueblo es la justicia.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
juanfer_lm@hotmail.com