Como lo establece la Ley Orgánica Municipal, las y los presidentes municipales deben realizar sus informes ante el cabildo en un periodo de 05 al 20 de septiembre, para dar cuenta del estado que guarda la administración del ayuntamiento.
Estos ejercicios de rendición de cuentas son, en la mayoría de los casos, eventos que se realizan a puertas abiertas y que transcurren en el marco de una sesión, donde es invitado un representante del poder ejecutivo local.
La ocasión permite que los alcaldes presenten sus avances en diversas materias. Temas como seguridad, pavimentación, alumbrado público, rehabilitación de espacios públicos son los que se abordan en dicha ceremonia.
Sin embargo, en ocasiones las cosas no salen como se esperaban. La dinámica municipal (por la naturaleza de sus asuntos), suele ser álgida y enrarecer los ambientes políticos regionales.
Por ejemplo, en Francisco I Madero, el munícipe tuvo un percance automovilístico y no pudo rendir su informe; en Tula, el recién llegado presidente llevaba solo unos días cuando tuvo que hacerle frente al requisito legal (lo anterior, porque el presidente propietario fue vinculado a proceso por no poder comprobar el rumbo a del recurso público que se le asignó); por último, en Tlanalapa el alcalde se quedó solo cuando el cabildo decidió no aprobar el orden del día.
Estos incidentes dan cuenta de varias cosas. Al menos en los dos últimos casos, el ingrediente democrático es el telón de fondo en el comportamiento de los integrantes del cabildo que son capaces de manifestar sus desacuerdos.
También ocurre que la efervescencia política juega en contra del evento protocolario del presidente municipal teniendo casos donde solo se entrega el informe sin ninguna ceremonia de por medio. Es decir, se cumple con el requisito de informar a puerta cerrada. Lo cual contraviene el postulado democrático de informar sobre las actividades de un representante popular como lo es el alcalde.
Vale la pena reforzar la cultura de la rendición de cuentas en los distintos órdenes de gobierno. Es decir, todos los funcionarios que son electos por el voto popular tienen que informar de sus actividades. Incluso, los regidores también están obligados, aunque formen parte de una planilla.
En este particular son muy pocos los también llamados “diputados municipales” que dan cuenta de sus actividades. Y lo tiene que hacer porque manejan recursos públicos con los apoyos de gestión que realizan.
Falta mucho para reforzar esta cultura de informar sobre el trabajo de los representantes populares. Ojalá que en el corto plazo vayamos haciendo de este ejercicio una obligación cada vez más sólida en las distintas esferas del gobierno.