Para nadie es un secreto el atractivo tan grande que despiertan los Ayuntamientos, para las y los corruptos. La mayor autonomía en determinadas áreas, la falta control, malas prácticas y manejo de altas sumas de dinero, facilita la comisión de delitos.
Pero en el caso de Hidalgo, la Estafa Siniestra solo sirvió para revelar una Fiscalía que está prácticamente ahogada, sistemas de control ineficientes y una impunidad grave.
Ante esta pincelada de corrupción municipal, además de recuperar los 422 millones de pesos restantes, se requiere de una reingeniería institucional que sirva para establecer candados efectivos.
Por ejemplo, se supone que por ley, que las y los servidores públicos que ocupan puestos como Tesoreros, Contralores, Oficiales Mayores, Titulares de la Instancia de la Mujer, de Obras Públicas o Ecología, están obligados a participar en el Sistema para la Profesionalización; tendrían que estar certificados desde el primer año de gobierno para evitar actos de corrupción.
Hace un año se agotó el plazo y nos preguntamos ¿cuántos se han certificado?, ¿cuántos fueron removidos por no cumplir esta obligación? y lo más importante ¿qué autoridad está revisando este cumplimiento?
Si bien vale la pena destacar que se incrementó 22.7 por ciento la cobertura en la supervisión de los municipios para la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, al pasar de 7.1 por ciento al 29.8 por ciento, con la aplicación de Auditorías Colmenas realizadas por la Secretaría de Controlaría y la Auditoría Superior de la Federación, estos controles deben aumentar, en especial con la llegada de un nuevo Auditor para el Estado
Mientras los mecanismos de control no funcionen y las faltas no tenga consecuencias reales, legales o institucionales, las denuncias se seguirán acumulando y ya sabemos cómo van terminar: por cada 100 actos de corrupción, 99 quedarán impunes
