De cada 10 presos en México, 4 están encarcelados sin sentencia, una realidad que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere transformar con el inédito decreto que le otorgará la libertad a 682 personas privadas de libertad, que fueron torturadas o víctimas de retardo procesal.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó este martes que los internos serán liberados el 15 de septiembre en diversas partes del país. El requisito indispensable para que las personas puedan gozar de ese beneficio es que no hayan sido recluidos por delitos de sangre.
Los que podrán acogerse al decreto son personas que fueron torturadas, que no han recibido sentencia en 10 años y están detenidas por delitos no graves, o que forman parte de la población de adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas o terminales.
“Al momento se tienen ubicados 4.233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva, que fueron sujetos análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponde a cada caso”, informó el funcionario.
En el caso de los presos que alegan haber sido víctimas de tortura y tratos degradantes, el Gobierno ha anunciado que se someterán al protocolo de Estambul, un procedimiento internacional que verifica de manera eficaz la comisión de este tipo de delitos perpetrados por las autoridades públicas.
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