La renuncia de alcaldes al Partido Revolucionario Institucional no es moneda de cambio para evitar una investigación como parte de la estafa siniestra, sentenció el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo.
Al hablar sobre este tema, resaltó que se llevarán a cabo las diligencias necesarias, ya que dicho asunto no tiene una fecha de caducidad.
A casi diez meses del anuncio hecho por el mandatario hidalguense, Julio Menchaca Salazar y quedar al descubierto el esquema de corrupción, aclaró que no hay forma de negociar sus dimisiones al PRI a cambio de “un perdón legal”, al contrario, quienes estén sujetos a una investigación, tendrán que asumir las consecuencias jurídicas.
Recordó que hasta el momento se tiene dos fichas rojas emitidas en Estados Unidos y Canadá, debido a la fuga de dos exsecretarios de la administración de Omar Fayad, cuatro directores con prisión preventiva justificada, seis alcaldes vinculados a proceso, tres con prisión preventiva justificada, y, sin considerar el asunto de otros ediles que están bajo investigación por el delito de desvío de fondos.
Nieto Castillo afirmó que no hay cabida a la impunidad, por lo que las denuncias formales, seguirán su curso al igual que aquellos asuntos pendientes donde, presidentes municipales estén involucrados.
De los 13 municipios que estarían relacionados con la llamada estafa siniestra, nueve alcaldes deben rendir cuentas por un faltante total de 520 millones de pesos en promedio, pese a que, ya se habla de una recuperación derivado de la “voluntad” por devolver los montos faltantes.
Entre esos municipios está Singuilucan con 26 millones, aunque 110 millones de pesos estarían pendientes por justificar en qué fueron gastados; también está Tepeji del Río con 58 millones y un faltante por comprobar de 13 millones de pesos.
La última denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en contra del expresidente de Huautla Felipe “N”, por el presunto desvío de 26 millones 615 mil 780 pesos de la cuenta pública 2021.