Al afirmar que la profesión del periodismo es muy peligrosa en México, la diputada Lidia García Anaya, de Morena, dijo que es fundamental trabajar en marcos normativos claros, eficientes y eficaces, que permitan regular las violaciones de la libertad de expresión y delitos cometidos contra periodistas.
Indicó que actualmente la libertad de prensa, está garantizada en la Constitución.
Sin embargo, manifestó que en la práctica, prensa depende mucho más que el simple reconocimiento de dicho derecho en las leyes supremas, pues ésta no sólo puede ser menoscabada por leyes o disposiciones oficiales que censuren a los medios, sino que también puede ser coartada de facto, por situaciones extrajudiciales tales como los oligopolios de los medios de difusión, las acciones de los grupos de poder, la impunidad, o los actos que deben hacer los periodistas para ganarse su sustento.Y es que la diputada federal por el estado de Hidalgo, reconoció que nuestras leyes presentan carencias que es necesario resolver si se quiere garantizar una verdadera libertad de prensa.
De ahí que subrayó la urgente necesidad de que se establezca un marco legal, que no solo reconozca la libertad de expresión y de prensa, sino que proteja la integridad y los derechos humanos de las personas encargadas de investigar, documentar y difundir los acontecimientos que suceden a nivel nacional e internacional. Para ello, García Anaya planteó reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Indicó que de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, México figuró en el puesto 128 de 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa en 2023, a la par de países como Zimbabue, Etiopía o Ruanda.
“En temas como seguridad pública, la profesión del periodismo en México es tan peligrosa que las redes sociales y los rumores no verificados, han tenido que llenar el vacío informativo que han dejado los periodistas que han sido asesinados o silenciados”.
Señaló que esto pone en evidencia la urgente necesidad de un marco legal que no sólo se limite a reconocer la libertad de expresión y de prensa, sino que también proteja la integridad y los derechos humanos de las personas encargadas de investigar, documentar y difundir los acontecimientos que suceden a nivel nacional e internacional, así como las ideas que cada día se gestan.
