Querido lector en la última columna realice una pequeña opinión respecto de las extradiciones, cuestión que pareciera la más normal para el envió de personas privadas de la libertad, de un país a otro.
No obstante, ha ocurrido una cuestión extraordinaria en los últimos días, al haber señalado por parte de nuestro propio gobierno lo cual se me hace inaudito.
En primer punto, se estableció que el traslado de los diversos presos ligados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, fue por motivos de seguridad e incluso se acusó a diversos órganos jurisdiccionales, de pretender liberar a diversas personas.
En tal sentido, parece exageradamente peligroso esas manifestaciones, ya que no solamente ponen en tela de juicio al sistema de justicia nacional, sino que supeditan la veracidad de la justicia a lo que ocurre en nuestro vecino del norte.
Igualmente, no existe forma de haber realizado dicho traslado, ya que dichas personas privadas de su libertad de encontrarse bajo un proceso legal que no existiría otra forma de estar privadas de su libertad, estaban bajo disposición de un órgano jurisdiccional, motivo por el cual solo dicho órgano es quien puede disponer de su estancia.
Por tanto, el haber enviado dichas personas al vecino país, no solamente no suspende su proceso, sino que complica la licitud de su traslado y su propio proceso nacional, sino que genera una ilicitud en su ingreso al territorio de nuestro vecino del norte.
En consecuencia, incluso hubieran sido preferibles los aranceles que crear una inseguridad jurídica, donde no solo se establezca una falta de confianza en nuestro sistema de justicia, sino generar un antecede de inseguridad jurídica.
Maxime que aquello de lo que fuimos testigos lejos de genera paz, confianza, seguridad y justicia, parece que tendrá un efecto completamente opuesto al esperado.
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