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(Por Enrique López Rivera) Viernes, 22 de Marzo de 2019 -- 12:01 pm

  

 

La política sobre el derecho

 

 

En reiteradas ocasiones en México el criterio político se sobrepone al criterio jurídico. Por ejemplo, el caso del desafuero al entonces Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, marcó un precedente en la aplicación de la justicia con una clara intención política. En ese lejano 2005, todo el aparato del Estado (desde la Procuraduría General de la República) se encargó de realizar todo un andamiaje legal para dejar al margen a un adversario político.

Caso muy similar se presentó en 2018 con otro personaje incómodo para los intereses del gobierno en turno. Esta vez se trató del candidato a la presidencia por la Coalición integrada por el PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, quien en plena campaña electoral se enfrentó a una acusación sobre lavado de dinero por parte de la misma institución (PRG).

Hay, por tanto, poco margen de error cuando se sostiene que desde el poder es relativamente sencillo deshacerse de los adversarios. Solo hay que saber rastrear al señalado para “fabricarle” alguna conducta inadecuada; y después, hacer escarnio con la posibilidad de que esa persona es “culpable” de los cargos que se le imputan. Mientras los tribunales resuelven, el daño ya está hecho. Gracias a lo anterior, las trayectorias políticas son cuestionadas por esta infame maniobra política y mientras tanto el adversario sufre un duro golpe.

Pues bien, bajo esta lógica algunos actores políticos cuestionaron la reciente designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus argumentos iban en el mismo sentido, según los inconformes con los nombramientos, los nuevos funcionarios judiciales tienen fuertes lazos con el titular del ejecutivo, lo cual pone en entredicho la división de poderes y la imparcialidad en la aplicación de sus criterios jurídicos.

En ese tenor, cuando se anunció la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la pérdida de registro del Partido Encuentro Social (PES) más de uno utilizó el criterio desarrollado anteriormente. Esas voces sostenían que sería muy poco probable que un partido político aliado del actual gobierno perdiera su registro.

Para aquellos adelantados, era obligado que el gobierno intercediera en la voluntad de los magistrados para influir en una decisión jurídica que tendría un alto costo político. Estamos hablando de quitar el registro a un partido político con representación (y grupo parlamentario) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Aún con el pronóstico (político) en contra, los magistrados decidieron quitar el registro al PES. Utilizando un criterio lineal en la interpretación de la norma, aquel partido no alcanzó el 3% de la votación nacional requerido para mantenerse con vida en el sistema electoral.

Atrás quedaron los argumentos que utilizaron los abogados del PES, al referir que su representación nacional era evidente al contar con 56 diputados federales de mayoría relativa (11.2% del total de diputados) y 8 escaños en el Senado (6.2% del total de la Cámara Alta).

En este sentido, es inédito en México que un partido con esa representación pierda el registro por no cubrir el umbral del 3% de la votación nacional. Habría que reiterar que en este sentido, no parece tener influencia el gobierno en la decisión final del TEPJF.

Una buena muestra de que el sistema jurídico tiene que correr por otro vía al sistema político. Resultaría muy cuestionable que dentro de un entorno llamado “cuarta transformación” de la pública del país se utilizaran los instrumentos al alcance del gobierno para beneficiar a un aliado político.

Al final -hay que decirlo con toda claridad-, el PES no fue un partido influyente en el debate político nacional. No marcó una diferencia significativa en el escenario público. Su corta vida es –a mi juicio–, una muestra de que no tuvo ningún protagonismo en el abanico sociopolítico del país.

 

lore750715@gmail.com

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