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EN BUSCA DEL CIUDADANO

(Por Enrique López Rivera) Viernes, 18 de Septiembre de 2020 -- 10:41 am

  

Los tribunales de la política

 

A muchas personas que se dedican a la política, no les gusta que algunos de los procesos que se realizan dentro de esta actividad estén sometidos a parámetros legales. Es decir, quisieran que todo se arreglara a través de la negociación o el acuerdo.

Pero por gracia o por desgracia, los lineamientos jurídicos exigen cada vez más claridad en algunas actividades que antes caían en el terreno de la opacidad. Por ejemplo, hace poco los partidos políticos designaban a sus candidatos a través de métodos poco transparentes. Imperaba, por tanto, el amiguismo, los compromisos, las cuotas a sectores, en fin.

Ahora, por el contrario, los partidos tienen que realizar un proceso de designación de candidatos transparente y abierto a militantes y simpatizantes. Y tienen que establecer, a través de una convocatoria los puntos específicos que se tiene que cumplir para aspirar a un cargo de elección popular.  

Pues bien, bajo esta lógica, existe la posibilidad de inconformarse en lo tribunales si se altera alguno de los mecanismos antes citados. Y justo por eso una buena cantidad de personas utilizan este camino para exigir lo que a derecho les corresponde. Pero también hay que decir que otros aprovechan algunos recovecos de la ley para anular a los adversarios en los tribunales antes que en las urnas.

En suma, cuando la política se judicializa pierde esencia porque al final se impone el criterio de un juez antes que la voluntad de las personas que votaron.

Pero también existe el otro lado de la moneda. Es decir, no se le puede dejar todo a la negociación y al acuerdo político. Porque los anteriores son frágiles y obedecen a la voluntad de las personas. Por tanto, hay que encontrar el equilibrio entre estos dos universos.

Es loable que tengamos el rigor de la norma para que la política esté regulada por canales legales. Pero tampoco hay que judicializar todo lo que se hace en la práxis política. Encontrar una sana convivencia entre estas dos opciones pare ser el reto actual.

Todo lo anterior viene a cuenta porque en Hidalgo estamos próximos a celebrar elecciones municipales en octubre y eso ha generado una inusitada algarabía por judicializar todo lo que tiene que ver con la política. Ahora resulta que hay más cosas prohibidas que permitidas en una campaña política.

Por ejemplo, hay una restricción por realizar eventos masivos. Lo anterior se entiende muy bien por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero si echamos un simple vistazo a los diferentes candidatos que están haciendo campaña, muy pocos siguen este parámetro.

Por otro lado, se tiene un límite de recursos destinados a gastarse en las campañas. Estos son variables porque depende del municipio en cuestión. Pero lo cierto es que también basta una mirada general para asegurar que muchos de los candidatos rebasan esos topes de gastos legalmente establecidos.

De tal manera, que seguramente muchas de estas situaciones tendrán como destino un tribunal electoral que determinará que hacer en estos casos. Y se cumplirá el escenario de que un juzgador tenga el rol de gran elector.

Así las cosas, en una competencia política que lejos de ganarse con votos terminará resolviéndose en un escritorio desvinculado del territorio.

@2010_enrique


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