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PODER JUDICIAL

(Por Javier Sánchez Lazcano) Viernes, 17 de Febrero de 2017 -- 4:09 am

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (2ª parte)

 

La impunidad de los delitos contra las mujeres envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece la perpetuación y aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de la justicia, de ahí su desinterés en acudir ante los órganos de impartición de justicia.

En esa lógica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que las sentencias de la Corte IDH obligan a los jueces nacionales a observar los referidos parámetros al conocer asuntos que involucren delitos de violencia contra la mujer, para que la impartición de justicia permita no sólo analizar adecuadamente las pruebas, sino que impidan la impunidad de tales crímenes y sean capaces de reparar adecuadamente el daño causado.

Juzgar con perspectiva de género significa romper con algunos paradigmas instalados en los procesos penales de corte acusatorio. Por ejemplo, se afirma que en dichos proceso se prohíbe al juez o jueza de control o al tribunal de enjuiciamiento ordenar el desahogo de medios de prueba de manera oficiosa; sin embargo, tratándose de derechos fundamentales como lo es el derecho a una vida libre de violencia y a la no discriminación, es importante cuestionar si el órgano jurisdiccional puede o no ordenar pruebas con el objeto de visibilizar esta circunstancia.

El sustento principal para impedir al juez o la jueza que recabe pruebas de manera oficiosa es la violación al principio de imparcialidad. Es decir, se ha afirmado que el juez o la jueza que ordena el desahogo de pruebas se parcializa y que por ende dicha facultad afecta de manera directa este principio, pero contrario a esto Michele Taruffo señala que el órgano jurisdiccional realmente imparcial busca de forma objetiva la verdad de los hechos y hace de ella el verdadero y exclusivo fundamento racional de la decisión.

La búsqueda de la verdad se vuelve una nota esencial de imparcialidad del juez o la jueza. Dicho autor se apoya en el artículo 10 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dispone: el juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos.

Ser imparcial no es ser pasivo y neutral. La imparcialidad, según este autor, hace referencia a una posición activa en el juicio y da estructura al juicio, y es posible que una actitud activa del juez se traduzca en una búsqueda objetiva de la verdad acerca de los hechos (2010, pág. 138).

En este mismo orden de ideas, Jordi Nieva Fenoll sostiene que el hecho de disponer de poderes probatorios para el juez no se contrapone con el principio acusatorio, pues el hecho de practicar prueba de oficio no hace que el juez pierda su imparcialidad, porque lo que hace indudablemente parcial al juez es la disposición sobre el objeto del proceso, ya que esa disposición es asunto exclusivo de las partes (2013, pág. 246).

En efecto, el juez o la jueza no puede incorporar hechos a la acusación, pero sí puede válidamente ordenar el desahogo de pruebas para evidenciar el estado de vulnerabilidad de alguna de las partes sin que esto afecte su imparcialidad, pues las partes siguen disponiendo del objeto del proceso y lo único que hace el juzgador es clarificar los hechos objeto del proceso.

Ahora bien, la prueba, de antemano, no es ni favorable ni adversa a ninguna de las partes, su resultado es desconocido, y precisamente por eso se practica; es por ello que su desahogo no implica parcialidad del juez o la jueza. Sólo en caso de que se pudiese demostrar que el juzgador conoce el resultado de la prueba, entonces pudiese sostenerse que se ha violado la imparcialidad, pero de no ser así el objetivo primordial del juzgador es aclarar los hechos que son objeto de debate.

Una sentencia justa tiene como presupuesto ineludible la claridad en los hechos objeto de debate. Conforme a esta línea de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis antes invocada.

 

BIBLIOGRAFÍA

Fernández Ortega y otros vs México (Corte IDH, 30 de agosto de 2010).

Nieva, J. (2013). La duda en el proceso penal. Madrid. Marcial Pons.

Rosendo Cantú vs México (Corte IDH, 31 de agosto de 2010).

Taruffo, M. (2010). Simplemente la verdad (3ª edición). Madrid. Marcial Pons.

 

 

Javier Sánchez Lazcano

Juez de control y de tribunal de enjuiciamiento

Profesor investigador del Icshu de la UAEH

Correo: javiersanchez_1978@hotmail.com

 

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