Pachuca.- Debido a un caso de violación y acoso sexual al interior de las oficinas de la visitaduría de Huejutla, Ana Karen Parra Bonilla, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ofreció una disculpa pública a la víctima de estos delitos en nombre de la institución que representa.
Refirió que los hechos delictivos ocurrieron en septiembre de 2021, cuanto Ramiro Lara Salinar era el titular de la dependencia, al interior de las instalaciones en la huasteca, lo cual consideró que “lacera y lastima profundamente” el actuar del organismo defensor de los derechos humanos.
“Sé perfectamente que las actuaciones que tiene esta Comisión, deben estar apegadas en todo momento a la defensa y protección de derechos humanos, las cuales fallaron, en la actuación del personal que en su momento se desempeñaba en esta institución.
“Entendemos plenamente la gravedad de los hechos ocurridos en su justa y real dimensión, y por ello, en un sentido de compromiso y congruencia con nuestro actuar, solidariamente quiero ofrecer una disculpa pública, voluntaria e institucional. No existe acción alguna que repare los hechos ocurridos, pero parte de la reparación integral del daño recae en dignificar a la víctima. Por ello, esta institución lamenta profundamente el impacto negativo que ha derivado esta situación y que ha provocado en su vida.
Parra Bonilla dijo que tras ser notificada de la situación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizaron las diligencias necesarias para coadyuvar en la búsqueda de la justicia.
Por lo que, dijo, inició procedimientos administrativos desde septiembre de 2022 en el Órgano Interno de Control (OIC) de esta institución contra funcionarios del ente autónomo; sin embargo, dijo, no encontraron “eco” e impugnaron la resolución de la instancia, por lo que esperan una resolución favorable del Tribunal de Justicia Administrativa.
Esto, indicó, derivó en el despido del visitador adjunto B en Huejutla, quien cometió el crimen, motivo por el cual enfrenta una sentencia de 7 años y tres meses de prisión en el Cereso de Jaltocán, así como de la visitadora jurídica adjunta regional (jefa inmediata del agresor) y la visitadora adjunta regional en Huejutla, debido a que a pesar de tener conocimiento de los hechos “no hicieron nada”.
