Operador político de Morena acusa a diputada del PVEM de persecución política

Luego haber salido de prisión tras no haber sido vinculado a proceso, Arturo Williams Trejo Leal, excandidato a presidente municipal de Zimapán y operador político de la campaña del gobernador Julio Menchaca Salazar, dijo ser perseguido políticamente por María del Carmen Lozano Moreno, diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Trejo Leal y su esposa Bertha Eva Medina Hernández, fueron liberados la madrugada del jueves, luego de que la jueza de control Janet Montiel consideró que no había suficientes datos de prueba para señalarlos como presuntos responsables de los delitos que se les imputaban: violación equiparada y abuso sexual en agravio de sus sobrinas de 5 y 8 años de edad.
“Hemos sido presas de una persecución que realmente tiene un fondo político de parte de una legisladora, que a toda costa ha tratado de afectar a mi familia. Somos presa de una persecución que tiene un fondo económico, y donde nosotros estamos aquí para dar la cara y decirle que somos gente que confía en las instituciones, que creen en la justicia y que estaremos siempre dispuestos a que procuraremos el esclarecimiento de la verdad de los hechos que ustedes conocen”, sostuvo.
En rueda de prensa, dijo que ha sido “presa” de una persecución por parte de Lozano Moreno, por lo que consideró que el proceso legal que enfrenta tiene un “fondo político”.
“Ha sido muy evidente que una legisladora que es verde y se disfraza de guinda cuando le conviene ha estado haciendo un tráfico de influencias para tratar de afectar a mi familia”, mencionó.
Ramsés Almaras Baños, abogado de los imputados, indicó que en la audiencia inicial, que concluyó a las 2:00 horas de este jueves, no se presentaron indicios “razonables” que pudieran establecer la participación de sus representados como los responsables la presunta violación de las niñas.
Esta mañana, Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), dio a conocer que la jueza de control Janet Montiel decidió no vincular a proceso a los imputados, por lo que obtuvieron su libertad. Asimismo, dijo que no compartía la decisión y anunció que impugnarán ante el Tribunal Superior de Justicia