El juez segundo de distrito de Hidalgo ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHyCP, acatar la suspensión definitiva contra el bloqueo de cuentas bancarias a Promotora Integral Innova SA de CV, contratista de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Aunque la dependencia que encabeza Santiago Nieto Castillo realizó manifestaciones con las que pretende acreditar que se encuentra en el supuesto válido de excepción de cumplimiento, “que fue reconocido jurisprudencialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, la justicia federal indicó que deberá acatar “de forma inmediata la suspensión definitiva”, medida dictada el 17 de junio pasado, según el auto publicado hoy en el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ).
Promodan de México SA de CV, otra empresa del Grupo Innova, a la que la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas, también obtuvo una suspensión definitiva contra actos de autoridad. Como ocurrió en el caso de Promotora Integral Innova, el mismo juzgado indicó que la institución de inteligencia debe acatar su mandato.
De acuerdo con el sitio oficial del consorcio, Promodan de México es la más reciente de las ocho empresas que la conforman, constituida en 2015 “para promover la inversión institucional y patrimonial a través de la contratación de espacios inmobiliarios en arrendamiento a largo plazo”, como naves industriales, centros comerciales y hoteles.
En su edición impresa del martes pasado, Periódico Ruta reveló que la UIF congeló recursos a la constructora Promotora Integral Innova SA de CV, la cual presuntamente ha recibido contratos de la UAEH a través de diferente empresas, como el otorgado en 2017 para los trabajos del acceso y barda de la fachada principal de la Ciudad del Conocimiento de la casa de estudios, al sur de la capital hidalguense, por 11 millones 298 mil 225 pesos, como señalan datos públicos en el portal de transparencia de la institución educativa.
Según la investigación elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene preso al exlíder de Grupo Universidad, en El Altiplano por presunto lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, entre 2014 y 2005, la constructora presuntamente estableció convenios con el exrector en los que acordó la edificación de bodegas comerciales, las cuales serían pagadas en parte por la empresa Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo SA de CV, así como con el otorgamiento de obras en la universidad.
El involucramiento del constructor en la indagatoria contra el expresidente del Patronato Universitario, forma parte de la declaración de Óscar N. N., consignada en la causa penal 263/2020, en la que, como testigo colaborador, él mismo revela un esquema en el que participó como presunto prestanombres de Sosa Castelán en Constructora y Arrendadora Yolo SA de CV.
“El arquitecto estableció convenios con Gerardo en los que acordó que las construcciones realizadas en los terrenos se las iba a dar a Jesús, pagando una parte por Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V. y otra otorgando obras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (sic)”, señala la declaración que ante el Ministerio Público emitió Pacheco Medina (a la que Ruta tuvo acceso), con la que goza de la figura de criterio de oportunidad por colaborar con la FGR
