En días pasados, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó un Acuerdo para que los partidos políticos postulen abiertamente por lo menos una fórmula de las diputaciones locales con candidaturas emanadas de la comunidad LGBTTTIQ+, ya sea por el principio de mayoría relativa en cualquiera de los 18 distritos electorales locales o por la vía plurinominal en los primeros cinco lugares de la lista “A”.
Evidentemente la incorporación de este tipo de acciones afirmativas en contextos históricamente excluyentes genera múltiples resistencias sociales y políticas puesto que en nuestro Congreso local nunca ha habido un representante popular que haya reconocido abiertamente que forma parte de la comunidad de la diversidad sexual ni se ha avanzado en una agenda efectiva a favor de la inclusión.
Así que el Acuerdo recién aprobado abre la puerta a un enfoque de derechos para lograr la representación política efectiva y abierta de personas de una comunidad a la que se le ha negado sistemáticamente el acceso al poder público mientras que en países como EE.UU., Reino Unido o Argentina llevan más de una década priorizando estas postulaciones a través de cuotas o de acuerdos internos, lo que ha beneficiado la imagen pública de los partidos y ha creado un contexto de mayor apertura para las distintas maneras de relacionarse y de vivir de cada persona.
En lo personal, estoy convencida que estas candidaturas que se registrarán a partir de la próxima semana sin ocultar su orientación sexual o identidad de género representan el primer paso para remover las lógicas binarias y excluyentes de la política hidalguense.
Finalmente, es importante recalcar que si bien se trata de una medida que se puede impugnar ante los órganos jurisdiccionales, busca remediar una omisión legislativa de la que es responsable el Congreso de Hidalgo por lo que deberá servir para que en el mediano plazo se aprueben las acciones afirmativas correspondientes en nuestro marco legal
