Hace unos días el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, envió una iniciativa al Congreso Local con el objetivo de establecer las bases generales mediante las cuales, las y los servidores públicos realicen adecuados procesos de entrega – recepción, con las personas que les sustituyan al interior de la administración pública.
Este trámite es de vital importancia para una administración eficaz, porque si bien los actores políticos cambian, los procesos de gobierno continúan y no obedecen a las inercias político – electorales, que suelen alterar el ritmo de las cosas.
En este particular, el estado de Hidalgo no contaba con una legislación robusta que permitiera una alternancia del poder en orden. Por el contrario, se tenían unos lineamientos muy generales, que dejaban cabos sueltos a la hora de entregar la administración pública.
Quizá, en su lógica, el PRI nunca pensó en entregar las riendas del poder. En ese hipotético escenario, no se tenía ninguna consideración legal en cuanto al resguardo de bienes, no había inventarios actualizados, perfiles de puestos, organigramas, incluso no se tenía claridad en las personas que estaban en nómina.
Por tanto, Menchaca al presentar al Congreso estas reformas, aseguró que “al concluir cada administración nos encontramos con un desorden que en cierta manera limita el acceso de la ciudadanía a una correcta atención de sus necesidades; por ello, desde el inicio de este gobierno tenemos la encomienda de preparar todo lo necesario para cuando llegue el momento de entregar el encargo. Con ello mejoramos los sistemas de transparencia y aseguramos que estos periodos de transición se den conforme a la ley”, remarcó.
Cabe destacar que esta iniciativa propone la creación de una Comisión de Entrega, la cual será la responsable de llevar a cabo el proceso de transición del Poder Ejecutivo del Estado y se conformará 12 meses previos a la conclusión del ejercicio constitucional y a partir de esa fecha, se reunirá ordinariamente una vez al mes durante el primer semestre del año referido.
Aunado a ello, la o el gobernador electo y la persona titular del Ejecutivo estatal podrán instalar un comité de entrega-recepción, a fin de que la administración entrante reciba los recursos humanos, materiales, financieros, informáticos e información asignada, con motivo de la conclusión de la administración.
Por tanto, esta iniciativa contempla la obligación de las autoridades a dar a conocer los alcances de los esfuerzos al final de cada año entregando un informe que contenga los programas, proyectos, compromisos, acciones, asuntos, recursos, información y la situación general de su gestión.
Al mismo tiempo, el mandatario estatal también mandó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, con la intención de delimitar las competencias de las secretarías de Contraloría, Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible, así como la de Hacienda.
Caso similar con un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga algunas consideraciones dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, a fin de establecer las responsabilidades que tendrán la Oficialía Mayor y la Secretaría de Contraloría en los procesos de adquisición, arrendamientos o servicios.
Con este paquete de reformas se busca dar mayor transparencia en cada ente que reciba recursos públicos y erradicar los viejos vicios de la administración pública que tanto daño hace a las finanzas estatales.