La presunción de inocencia es la base del sistema de justicia penal de nuestro país, mismo que establece que nadie puede ser considerado culpable hasta en tanto exista una sentencia que así lo considere.
Lo anterior es de vital importancia para comprender el trato que se le debe de otorgar a las personas durante el proceso puesto que, un proceso penal debe de ser considerado el acto de mayor afectación del Estado hacia el individuo ya que, implica la persecución del sistema de justicia en contra de una sola persona.
En tal sentido, la búsqueda de la verdad es aquello que debe de imperar dentro de los procesos, por lo que se prioriza la igualdad entre las personas, motivo por el cual es que no se permite ninguna restricción a los derechos del acusado de forma desproporcionada, motivo por el cual es que es fundamental el proceso en sí mismo.
En consecuencia, las medidas cautelares tendientes a dejar sin trabajo a los acusados son una pena anticipada que por supuesto los estigmatizan y ello los vuelve mucho más vulnerables dentro de los procesos llevándolos a la necesidad de aceptar la culpabilidad de hechos que en muchas ocasiones no se cometieron con la finalidad de terminar con una pena que ya se comenzó.
Sin embargo, lo anterior nos permite tener un gran índice de condenas que dan como consecuencia una falsa sensación de justicia, pero en realidad son números sin sustentos ya que, han sido obtenidas bajo una presión tanto mediática como estatal que no obtiene una verdad de los hechos sino una violación sistemática de derechos humanos.
Por tanto, debemos de replantearnos la verdad de los hechos y sustentar los proceso en pruebas bajo una igualdad no solamente en la teoría sino en una práctica que facilite tanto en derecho como en el hecho a los imputados su actuación puesto que, una personas sin trabajo y atacada por la sociedad sin duda es más vulnerable de acusar.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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