Aunque ha habido avances en contra de la violencia laboral hacía las mujeres, este problema aún no se ha erradicado en el país. Por ello, el vicecoordinador del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, impulsa reformas a la Ley Federal del Trabajo, en materia de empleo digno para mujeres.
Señaló que en los últimos 20 años, México ha consolidado una trayectoria relevante respecto a la creación de condiciones para la atención de demandas e intereses en la instauración de la perspectiva de género en la política pública.
No obstante, indicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país, aproximadamente 8.8 millones de mujeres han declarado violencia en el ámbito laboral.
Esto representa que 27 de cada 100 mujeres que han trabajado alguna vez en su vida, ha sido violentada en el ámbito laboral, de las cuales 22 han padecido alguna situación de discriminación, 12 reportaron algún tipo de maltrato físico o sexual y 11 declararon violencia de tipo emocional. De igual forma, el Instituto señala que a lo largo de la vida laboral, las mujeres reportan que 31.8 por ciento de las veces el agresor fue un compañero de trabajo, 23.8 por ciento de las veces la persona agresora fue el patrón o jefe y en 10.5 por ciento de los casos, las mujeres declaran a un supervisor, capataz o coordinador.
El diputado federal por el estado de Hidalgo dijo que al analizar las prevalencias a lo largo de la vida laboral por grupo de edad, se observa que entre las mujeres de 25 a 34 años se concentran las prevalencias más altas, a excepción de la violencia emocional que es ligeramente más alta entre las mujeres de 35 a 44 años. Mientras que las prevalencias más bajas se presentan entre las mujeres de 55 años y más.
Asimismo, señaló que, a nivel nacional, 13 de cada 100 mujeres declararon haber vivido alguna situación de discriminación por razones de embarazo en los últimos 5 años. Indicó que el reporte destaca que a 2 millones 739 mil 673 mujeres se les solicitó prueba de embarazo como requisito para trabajar y a 860 mil 547 mujeres se les solicitó una prueba de embarazo como requisito para continuar en su trabajo o renovarle el contrato.
Mientras que por embarazarse, 277 mil 792 mujeres fueron despedidas injustificadamente y a 246 mil 618 ya no les renovaron el contrato y 145 mil 363 mujeres tuvieron una disminución del salario o las prestaciones.
Por ello, indicó que su iniciativa busca atender un aspecto sensible de la realidad de las mujeres en México a través de la creación de la acción judicial de exigir condiciones dignas y decentes en el trabajo cuando ocurran alguna de las causales de rescisión previstas en la Ley Federal del Trabajo, es decir, que las trabajadoras puedan optar por rescindir su relación laboral o exigir a un juez, que garantice condiciones dignas y decentes, sin perder su trabajo
