La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) publicó este lunes el acuerdo a través del cual, se crea el proceso de evaluación y certificación institucional de competencias profesionales para el cargo de agente de Ministerio Público.
El documento, disponible en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), señala que el objetivo de la certificación es el reconocimiento formal de competencias por parte de la fiscalía.
“(El proceso) estará orientada a verificar las competencias que como agente se requieren para coordinar y dirigir la investigación de los delitos, así como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan para desenvolverse correctamente en el ámbito del litigio penal que represente los intereses de las víctimas, respete los derechos de las personas imputadas y la sociedad en el sistema penal”, señala el acuerdo.
El Instituto de Formación Profesional (IFP) de la PGJH, será el ente encargado de emitir la convocatoria para la certificación, a través del sitio web oficial de la procuraduría, medios de comunicación, oficio circular o comunicación interna por parte de superiores jerárquicos.
Los agentes deberán acreditar el curso de preparación para la aplicación del examen de conocimientos del Sistema Penal Acusatorio. Quienes obtengan un resultado aprobatorio podrán participar en la evaluación de habilidades.
“Las y los agentes podrán optar por la certificación A o B, de acuerdo con las evidencias disponibles de su desempeño”, señala el documento.
La primera avala que los funcionarios son competentes en litigación en audiencias preliminares y la segunda, en litigación en juicio oral. Además, ambas acreditan que tienen facultades para la investigación.
El acuerdo también señala que los procesos de evaluación serán realizados por “personas físicas o morales capacitadas y/o acreditas”, a través de convenios de colaboración que celebrará con ellos la PGJH.
Los resultados serán definitivos, inapelables y confidenciales, salvo que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales, para lo cual se mantendrán en esa clasificación bajo los términos de las disposiciones aplicables.
Además, el IFP propondrá la creación de estímulos, reconocimientos e incentivos para el personal acreditado.
La PGJH estableció que la certificación únicamente tendrá una duración de tres años y podrá ser revocado por faltas como proporcionar información falsa, ser sancionado por un delito grave o responsabilidad administrativa o por la inhabilitación del agente
