Norma Angélica Aceves García, diputada federal del PRI, hizo un llamado a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Bienestar, a aclarar las irregularidades que por 46 millones 761 mil 165 pesos fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, en los informes de la Cuenta Pública de 2020, respecto del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.
Indicó que son 8.5 millones de personas que reciben una pensión de dos mil 550.00 pesos bimestrales.
Señaló que de enero a junio de 2021 se ejercieron recursos por 89 mil 989 millones de pesos, para la entrega de apoyos económicos.
Sin embargo, en referencia a los resultados de la Cuenta Pública 2020, que el pasado fin de semana entregó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, correspondiente al segundo año de gobierno del presidente López Obrador, se encontraron una serie de inconsistencias en el rubro de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
“Al analizar los resultados entregados por la ASF, encontramos situaciones preocupantes en materia de política social, por ejemplo, las observaciones señaladas para la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.
La priista hidalguense dijo que de acuerdo con el informe de la ASF, se revisaron los apoyos otorgados del programa de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” para garantizar el derecho a la protección social de la población indígena de 65 años o más de edad, así como a la población no indígena de 68 años o más.
Dijo que se observó que se otorgaron apoyos económicos por 22.6 millones de pesos a mil 575 beneficiarios que no presentaron la clave única de registro de población (CURP), que es un requisito indispensable establecido en las reglas de operación para acreditar el cumplimiento de la edad requerida para recibir los apoyos.
Además, con información proporcionada por el Registro Nacional de Población (Renapo), se identificaron en 2 mil 55 casos, pagos por 10.1 millones de pesos a personas que fallecieron antes de recibir los apoyos.
También se otorgaron apoyos por concepto de “pago de marcha” a 7 mil 874 beneficiarios, por un importe de 10.2 millones de pesos, respecto a los cuales la Secretaría del Bienestar no acreditó su procedencia mediante las actas de defunción respectivas.
Se encontró que el diseño del control interno implementado por la Secretaría de Bienestar para la operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es suficiente; y se encontraron pagos duplicados a 85 beneficiarios por 762 mil pesos, por tener 2 números de identificador (ID) diferentes y pagos por 535 mil de pesos a 109 personas de las que el ente fiscalizado no acreditó que cumplieron con el requisito de vivir en algún municipio o pueblo indígena, como se estableció en las reglas de operación
