La diputada local Sharon Macotela pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), castigar con todo el rigor de la ley a Manuel “N”, presidente municipal de Tula, detenido recientemente por presunto uso ilícito de atribuciones agravado por 66 millones de pesos, por la mala aplicación de los recursos públicos destinados para la inundación de 2021.
Refirió que la aplicación del recurso público “es una gran responsabilidad que los ciudadanos le confieren a los servidores públicos, principalmente a los representantes populares”, por lo que consideró que hacer mal uso de este, debe ser castigado.
“Simular ayuda en un momento tan sensible, debería tener un agravante; es por eso que hoy celebro que las manifestaciones ciudadanas en el municipio de Tula, hayan tenido eco y encontrado el camino de la justicia. No es más que la prueba de que en Hidalgo tenemos un gobierno diferente, que sí escucha y que sí vela por sus habitantes”, dijo.
La legisladora de Morena recordó que Tula quedó bajo el agua el 7 de septiembre de 2021, a consecuencia del desbordamiento de los ríos Tula y Rosas, lo cual provocó la muerte de 16 personas que estaban hospitalizadas en el IMSS y, dijo, más de 10 mil desplazados.
“Pero eso no fue suficiente para evitar que los recursos que llegaron fueran aplicados de manera correcta, por el contrario, se adquirieron materiales de baja calidad y se hicieron simulaciones en las contrataciones, que, dicho sea de paso, fueron adjudicadas de manera directa sin licitación de por medio. Personas de otras ciudades, incluso de otros países se sensibilizaron por el desastre generado y se solidarizaron, todos, menos la autoridad municipal que se aprovechó del momento y los recursos”, dijo.
Por lo que pidió a la PGJEH no permita que este caso quede impune y aplique todo el rigor de la ley contra los responsables. “Pues no se vale que mientras la población estaba en crisis y la autoridad municipal sacaba provecho de la situación”, señaló.
En junio pasado, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) presentó una denuncia en contra del gobierno municipal de Tula por el delito de peculado y desvío de recursos públicos por un monto total de 60 millones 579 mil 460.94 pesos.
Esta denuncia fue relacionada a las observaciones que tuvo el municipio corresponden a la cuenta pública 2021 por 59 millones 900 mil 139.14 pesos, los cuales fueron utilizados para atender y dar apoyos por la inundación de septiembre de ese año. Entre las observaciones al municipio están el pago de servicios de jardinería y fumigación sin documentación justificativa por 37 millones 502 mil 678.20 pesos y la adquisición de colchones por un millón 74 mil 497.90 pesos, los cuales fueron quemados por damnificados frente a la presidencia municipal porque estaban rellenos de basura.