Cuauhtémoc Ochoa Fernández, diputado federal de Morena, solicitó a la Auditoría Superior del estado de Hidalgo, que se investigue a las autoridades del municipio de Tula, sobre los recursos que se han destinado para apoyar a las familias que resultaron damnificadas por el desbordamiento del río Tula, ocurrido el año pasado.
En la sesión de este jueves, el legislador hidalguense presentó un punto de acuerdo para exigir que haya claridad en los recursos que se han destinado a esta labor.
Dijo que es necesario que se haga pública la ayuda brindada a los afectados por las inundaciones del río Tula, de septiembre del 2021 que ocasionaron el fallecimiento de 17 personas, así como incuantificables pérdidas en los hogares y patrimonio de cientos de familias y millones de pesos tirados a la basura en los negocios y empresas de la región.
Afirmó desde la máxima tribuna de la nación que el 7 de septiembre de 2021, quedará marcado en la historia trágica del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, pues las inundaciones generadas por el desbordamiento del Río Tula.
Ochoa Fernández dijo que las trágicas inundaciones han marcado un parteaguas en la vida social y política de Tula. “La sociedad civil se ha organizado para que, con todo derecho, sea tomada en cuenta en cada una de las decisiones que los gobiernos municipal, estatal y federal tomen para que esto no vuelva a pasar”.
Manifestó que han pasado cinco meses de la tragedia y a las familias afectadas no se les ha hecho justicia.
“Al día de hoy, no se ha hecho una investigación exhaustiva de las causas que ocasionaron el desbordamiento del río y las posibles responsabilidades en que incurrieron funcionarios de los tres niveles de gobierno, y los apoyos para las familias afectadas han sido limitados y van llegado a cuenta gotas.
“Ejemplo de ello, son los colchones que la Presidencia Municipal de Tula de Allende entregó en pésimas condiciones a los afectados, situación que generó el enojo y protesta de la población, que terminó quemándolos en las puertas del Ayuntamiento con sobrada justificación, pues representó un atentado en contra de su dignidad”.
Señaló que esta situación no puede quedar así, por lo que tiene que tiene que haber una investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, pues para la compra de estos colchones fueron usados recursos públicos y se debe determinar si hubo precios inflados y de quién fue la decisión de comprarlos en esas condiciones

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