Para evitar que las administraciones salientes hereden complicaciones a las administraciones municipales entrantes en cuanto a laudos y juicios laborales, integrantes de la LXV Legislatura emitieron un acuerdo económico, para exhortar a los 84 ayuntamientos para que agilicen sus trabajos en materia de revisión, atención y solución de los expedientes actuales.
Los diputados Silvia Sánchez García, Lisset Marcelino Tovar, Aarón Chávez Paloma, Sharon Macotela Cisneros y Alejandro Enciso Arellano, señalaron la importancia de no dejar pendientes en el marco del proceso de la entrega- recepción final.
De no haber disposición, las administraciones entrantes tendrían serias afectaciones en sus haciendas públicas, por el gasto de estos juicios laborales.
El pasado 19 de junio, Citlali Jaramillo Ramírez, diputada independiente, dio lectura al planteamiento de exhortar a los 84 Ayuntamientos, en el cual precisó que antes de acudir a los tribunales laborales, empleados y patrones deberán asistir a la instancia de conciliatoria.
Cuando se trata de laudos arbitrales y convenios celebrados ante los Centros de Conciliación y quienes no hayan cumplido en los términos establecidos en los mismos, trabajadores y en su caso los patrones, acudirán al tribunal para solicitar su ejecución dándoles el mismo tratamiento de una sentencia la cual, traerá consigo una sentencia que debe cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que su realizó la notificación.
Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de éste en términos de lo dispuesto en la Ley del Trabajo.
Jaramillo Ramírez comentó que la mayoría de los servidores públicos tienen un gran compromiso con su trabajo y buscan realizar sus funciones de la mejor forma, o sea que no siempre cuentan con las mejores condiciones e insumos para desarrollar sus actividades. No obstante, existen distintas situaciones que dan por finalizada la relación laboral de los trabajadores gubernamentales, misma que puede deberse a la voluntad del empleado mediante su renuncia por causas justificadas que permitieron liquidarlo conforme a derecho, para evitar controversias en la terminación laboral.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Hidalgo, en el corte de 2022 existían resoluciones a favor de los empleados en diversos municipios, las cuales ascienden a un adeudo de 100 millones de pesos, que administraciones públicas están obligadas a pagar.
Esta situación pone en riesgo de embargo a las mismas gestiones municipales heredadas de administración en administración, agravándose la cuantía que implica dicha ejecución de laudos a sabiendas de las medidas de apremio a las que son acreedores por no acatar dichas resoluciones, las cuales son obligatorias de cumplir.