La organización Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”, vaticinó que el proyecto hidráulico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no garantiza una solución al riesgo de inundar nuevamente la ciudad de Tula y por el contrario, este problema se trasladaría a cuatro municipios más de esta región.
En conferencia de prensa para dar a conocer su postura ante las inundaciones que se vivieron en esa zona en septiembre y la inminente presentación del plan hídrico por parte de la Conagua, esta organización destacó que con este programa se pretende concentrar el daño ambiental en los municipios aguas abajo de Tula, en lugar de limitar el desalojo de aguas del Valle de México y promover su regulación y la utilización.
Señalaron que es en el valle de México, donde está el problema por la falta de regulación de su sistema de drenaje, lo que es necesario resolver de manera eficaz desde poblaciones que corren de Xochimilco hasta Ixmiquilpan, es decir de origen a destino.
Lo que pretende hacer la Conagua representa una injusticia grave, por tratar de solucionar un problema de la capital de la nación, a través de lo que llamaron sacrificio de la provincia y en este caso, de los municipios de Tula, Tepetitlán, Tezontepec, Mixquiahuala y Ixmiquilpan.
Consideraron que el proyecto contempla una capacidad de 677 metros cúbicos, esto es un mayor volumen al que se tuvo en la inundación pasada, que fue de 500 metros cúbicos. El río de forma natural, tiene una capacidad de apenas 250 metros cúbicos lo que buscan es ampliarlo y enviar más agua negra, lo que en suma es el proyecto del 2017 al cual se opusieron.
Las propuestas de esta organización es abrir la posibilidad de utilizar el agua en el valle de México, impulsar acciones para reducir la contaminación en la región y evitar que se envíe un volumen avasallante de aguas negras a el sur del Estado, así como desazolvar las presas del valle de México para que puedan estar más tiempo sin desfogar hacia los túneles emisores que descargan al río Tula.
También dijeron que se requiere impulsar programas de conservación de áreas verdes, a través de programas de vivienda asequible y la propia prohibición de cambio de uso de suelo a las grandes inmobiliarias