El diputado federal perredista Héctor Chávez Ruiz, indicó que tras la pandemia causada por la Covid-19, la situación de millones de mexicanos se precarizó, lo que ocasionó que el número de empleos informales aumentará y, por lo tanto, no cuenten con los servicios de seguridad social.
Mencionó entre ellos, a los conductores del autotransporte público, que no tienen acceso a los servicios y prestaciones de seguridad social.
Por ello, el diputado por el estado de Hidalgo impulsa reformas al artículo 13 de la Ley del Seguro Social.
Dijo que el trabajo formal se encuentra regulado por leyes e instituciones, con ingresos fijos y seguridad social, pero no así el trabajo informal “como es el caso de miles de conductores de vehículos de auto transporte público en nuestro país, es un tipo de trabajo que en varios sectores de esta industria, se encuentra sin una regulación.
“Asimismo, de manera general, los conductores de vehículos de autotransporte público no cuentan con una percepción económica fija, ya que su ingreso está en función, por ejemplo, de las cuotas cobradas por los viajes realizados, o en el caso de no ser el dueño del vehículo, de los acuerdos con este último”.
El perredista hidalguense comentó que el trabajo realizado por las personas conductoras de vehículos de servicio de autotransporte público, es considerado un trabajo por cuenta propia, y que involucra una complejidad de situaciones laborales, más allá de las formas tradicionales.
Dijo que es precisamente por este motivo, señaló la necesidad de que los conductores de autotransporte público cuenten con seguros y servicios que les brinden seguridad social, “ya que, la seguridad social, porqué esto implica la protección a la salud, el ahorro para el retiro, el servicio de guarderías, etcétera, para estos y sus familias”.
Afirmó que la seguridad social es un derecho fundamental al que todos los miembros de una sociedad deberían tener acceso, puesto que incluye un conjunto de beneficios vinculados a la estabilidad económica, de salud y de una mejor calidad de vida.
Dijo que el papel activo del estado es fundamental para brindar protección a las personas ante los diversos riesgos que competen a la seguridad social, sobre todo para las personas en edad avanzada, con discapacidad y/o limitaciones cognitivas y de motricidad; por accidentes laborales; maternidad
Asimismo, por riesgos de trabajo (accidente o enfermedad de trabajo) y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (pensión por edad y años cotizados); y guarderías y prestaciones sociales
