Fue el 22 de julio de 2021 que se aprobó en Hidalgo, una modificación a la Ley Orgánica Municipal con la que se abrió la puerta al Presupuesto Participativo, un mecanismo que asegura a los y las habitantes, el derecho de participación para proponer y luego decidir -mediante el voto secreto-, la realización de obras y servicios sociales de interés vecinal.
La organización de este tipo de ejercicios es una verdadera “escuelas de participación”, puesto que en Hidalgo tenemos una ciudadanía de «baja intensidad», caracterizada por la falta de confianza en las leyes o en las autoridades, aunque hayan intervenido en su elección, de personas que difícilmente responden a las agresiones o a la vulneración de derechos, y permanecen indiferentes a los asuntos públicos. Que no creen en el gobierno, pero esperan todo de él.
Por eso llama la atención que ayer se llevará a cabo la prueba piloto de consulta de Presupuesto Participativo en la comunidad de Santa Ana Tzacuala, en el municipio de Acaxochitlán, donde fueron seleccionadas tres de cinco propuestas presentadas que recibirán recurso económico.
El ejercicio fue coordinado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la asociación civil Ollin, Jóvenes en Movimiento y se procuró garantizar la perspectiva intercultural.
Frente a las acusaciones de corrupción municipal, ligadas a la falta de control, malas prácticas, violencia política y escasa capacitación, los presupuestos participativos son una bocanada de aire fresco que pueden incentivar la participación ciudadana, en proyectos transparentes y en los que se rindan efectivamente cuentas.
Los partidos políticos se acercan al ciudadano sólo en tiempo de elecciones, cuando sus propios y estrechos intereses están en juego, mientras que ejercicios de democracia directa como el Presupuesto Participativo y el Cabildo Abierto, pueden convertirse en espacios abiertos permanentemente a la ciudadanía.
No olvidemos que una verdadera democracia participativa pasa por fomentar el protagonismo de la gente común
