Si hay un espacio de la vida pública donde se expresa mayor desigualdad entre hombres y mujeres, es en la política.
Si bien el derecho al voto nos habilitó a participar políticamente a partir de 1953, en la práctica, las leyes, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, han impedido que un mayor número de mujeres logren consolidar una carrera política ascendente que les permita ocupar, de la misma manera que los hombres, los cargos ejecutivos, de dirección y de representación política.
Por esto resulta relevante que la semana pasada el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, realizó la primera inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Este instrumento forma parte de la legislación que busca prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres. El registro es público y muestra a personas sancionadas que tengan sentencia firme.
El hecho de que una persona aparezca en el Registro, no implica que en automático se le pueda negar una candidatura, pero sí se convierte en un elemento que puede valorar las autoridades electorales o los partidos al elegir a sus candidaturas.
El tiempo de permanencia en el registro podrá asentarlo la propia resolución, pero cuando esto no ocurra el INE, lo valorará de acuerdo a la falta. Si es leve 3 años, si es grave 4 años y si es especialmente grave, 5 años. En caso de reincidencia en la conducta, serán 6 años.
Si la falta se da contra de una mujer que además es indígena o con discapacidad, afromexicana, de la diversidad sexual, tercera edad o es cometida por un servidor público, la permanencia en el registro aumentará.
Sin duda, el registro es una herramienta más que se puede mejorar, pero que nos permitirá avanzar, de manera efectiva y en un sentido amplio, en el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres
