Un capítulo poco conocido en el ámbito administrativo es el proceso de entrega – recepción. Es decir, esa etapa donde un gobierno electo, se hace de la administración pública de manos del gobierno saliente.
Dicho de esta manera parece un mecanismo sencillo, pero no lo es. Por el contrario, el engrosado universo administrativo, requiere que este asunto sea escrupuloso y que se lleve con precisión. Porque están en juego los recursos materiales, financieros e informáticos que le pertenecen al pueblo.
Esta es la etapa que estamos viviendo en el estado de Hidalgo. Una vez que la elección ocurrió el pasado 05 de junio, tenemos un gobierno electo que tomará las riendas del estado hasta el 05 de septiembre. Es decir, del día de los comicios hasta tomar protesta transcurren cuatro meses los cuales sirven para realizar la transición referida.
Ahora bien, en una entidad como Hidalgo este trámite se realizó de manera aterciopelada. Es decir, durante 93 años el mismo partido político ganó las elecciones. Así que la cuestión administrativa era vista como un mero procedimiento.
Se entregaba la administración a los amigos, a los aliados, a los compañeros de partido. Era una práctica sexenal tomar la administración como sea y sin cuestionar nada. Todo quedaba en el mismo grupo político.
De esta manera, los acuerdos políticos lo podían todo. Previo a la etapa de transición se pactaban algunas consideraciones y los faltantes, omisiones, contratos, licitaciones, concesiones eran solventadas en la mesa bajo la sencilla premisa de “llévate todo que no pasa nada”.
En la actual coyuntura política las cosas son más complejas. Porque un partido político distinto, ahora gobernará la entidad dejando atrás los vicios referidos. Al menos eso se espera. Porque así se debe traducir el mensaje de los electores, que por miles respaldaron a Morena en la elección pasada.
Por eso esta etapa debe ser una primera carta de presentación para el nuevo gobierno. Deberá ser muy escrupuloso en cuanto al procedimiento administrativo, vigilar con lupa todo lo que se hizo el gobierno que está por concluir y no dejar pasar ninguna inconsistencia.
Si esto ocurre, es muy seguro que algunos funcionarios tendrán sendos procesos legales, por los excesos que cometieron en los últimos seis años. No se trata de caer en la cómoda venganza política o golpe mediático a una persona o grupo. Se trata de acostumbrarnos a los mecanismos democráticos donde es absolutamente natural que los funcionarios sean obligados a entregar buenas cuentas.
Eso ha ocurrido en diversas entidades donde un gobierno nuevo termina por procesar a los malos funcionarios que dejaron las arcas del presupuesto vacías, que inflaron presupuestos, que beneficiaron a familiares en licitaciones, que se hicieron de concesiones, que terminan con bienes que no pueden justificar.
Por eso, esta etapa de entrega – recepción es muy importante, amerita dedicación de tiempo completo y representa un reto para los nuevos responsables del nuevo gobierno. Hay mucha expectativa en los hidalguenses quienes desean tener la certeza de que los recursos públicos sean bien administrados.