El regidor independiente de Pachuca Ricardo Crespo Arroyo y su hermano Arturo Crespo Arroyo ingresaron, por separado, solicitudes de amparoscontra una orden de aprehensión.
El exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue inhabilitado un año por la Contraloría municipal por presuntamente no entregar en tiempo su declaración patrimonial, interpuso el recurso el 31 de mayo, cuyo expediente (629/2021) quedó radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo.
De acuerdo con los autos, señaló como autoridad responsables a los jueces de Control adscritos al Juzgado Acusatorio y Oral y del Primero Penal en Pachuca, procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo, Agentes del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos de Diversos I, II, III y IV, titular de la Director de Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, fiscal Especial en Delitos de Corrupción y Agentes del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Salud I, II y III.
El juzgador federal otorgó la suspensión provisional contra actos privativos de la libertad, por lo que solicitó una garantía de 10 mil pesos al asambleísta, quien en el pasado proceso electoral fue inscrito como candidato a diputado plurinominal suplente del Partido Verde Ecologista de México, pero tuvo que ser retirado por su inhabilitación.
Entres las autoridades señaladas, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) dijo que la Unidad de Inteligencia Patrimonial es inexistente en esa dependencia.
En el caso de Arturo, quien es constructor y su empresa Agricresa ha sido contratista del gobierno estatal, ingresó la solicitud de amparo el 2 de junio, dos días después que su hermano. El expediente (652/2021) también fue radicado en el Juzgado Tercero de Distrito.
Igualmente le fu concedida la suspensión provisional contra los actos reclamados por una garantía de 10 mil pesos.