Propone diputado ley de libertad anticipada para evitar juicios largos

Para tener una justicia pronta y expedita para todos y lograr una plena reinserción social, el diputado de Morena, Martín Sandoval Soto, propuso reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Indicó que en la actualidad hay un retardo en materia de ejecución, dado que las propias audiencias tienen duraciones de más de tres horas y, en caso de que una persona necesaria para la acción del promovente no se encuentre, da pie a que se difiera la audiencia.
Ello provoca que se señale un nuevo día y hora de la audiencia, hasta pasado más de un mes, dependiendo de las posibilidades y la agenda de la autoridad jurisdiccional.
Por ello, señaló, que su propuesta busca dar mayor certeza jurídica a las personas en reclusión, y que se les considere que son candidatos a un beneficio de libertad, sea anticipada o condicionada.
“Es decir que los asuntos de competencia jurisdiccional den mayor certeza a los internos y se cumpla con los objetivos precisados por el artículo 17 constitucional, buscando una justicia pronta y expedita para todos”, expresó el legislador por el estado de Hidalgo.
Manifestó que durante mucho tiempo, el sistema inquisitivo en México se caracterizó por ser un modelo que dilataba los tiempos de la impartición justicia para las partes, en el cual existía una extensa cantidad de escritos que obraban en los expedientes, y sólo aquellos que tenían interés jurídico podían acceder a ellos.
El sistema acusatorio, por su parte, incorporó audiencias públicas al proceso penal, en la que se requirió la presencia del juez con conocimiento directo tanto de las partes como de las pruebas.
Sin embargo, agregó que el sistema procesal penal acusatorio ha tenido un colorido de diversas transformaciones, que han representado un avance importante, aunque no han sido suficientes.
“Es importante señalar que esta Ley Nacional de Ejecución contempló que cuando las personas sometidas a proceso de ejecución estén en internamiento, se pueden dirimir conflictos mediante peticiones administrativas que serán resueltas por el director del centro de reinserción, y algunas otras tendrán que ser dirimidas y resueltas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, es decir, por un juez de ejecución.
Dijo que en el caso concreto de su propuesta plantea que se hará referencia al principio de inmediación, que para efectos del sistema de justicia penal procesal acusatorio, significa que todas las audiencias deben desarrollarse en presencia de un juez, así como de las partes que deban intervenir en ellas.
Con ello se daría la posibilidad a los intervinientes de la audiencia debatan el contenido de los mismos, haciendo así, que las audiencias sean más ágiles y eficaces”, señaló el diputado morenista