Con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de la población, el vicecoordinador del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante, propuso eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Dijo que es necesario que se garantice el debido proceso, así como la presunción de inocencia de la persona detenida, pues la autoridad en lugar de investigar y obtener pruebas para establecer la posible responsabilidad del detenido, da una pena anticipada.
Por ello, el político hidalguense señaló la urgencia de que se hagan reformas al artículo 19 de la Constitución para que se elimine la prisión preventiva de oficio, dejando únicamente la justificada, y garantizar el respeto a los derechos humanos de cualquier persona sujeta a un proceso, en el cual se garantice el debido proceso, así como su presunción de inocencia.
Afirmó que de esta forma, se dejaría de utilizar este recurso legal de manera automática y obligaría a la persona titular de la fiscalía, a analizar los casos y valorar la situación de la persona imputada para determinar si existe o no una necesidad real de su prisión.
Mendoza Bustamante indicó que en la reforma quedaría claramente establecido que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará.
El delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Indicó que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, investigación, protección de la víctima o de los testigos, así como cuando esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Para justificar la necesidad de que se avale esta reforma, el priista señaló que actualmente se estima que existen 225 mil 628 personas privadas de su libertad, de éstas 93 mil 227 no han sido todavía condenadas y se mantienen en prisión preventiva en espera de que se resuelva su situación jurídica
