La diputada de Morena, Lidia García Anaya, propuso dejar los múltiples Códigos Procesales Penales de los estados, para adoptar un Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación general, a fin de que haya una correcta y oportuna aplicación de las leyes.
Para ello, la legisladora impulsa reformas a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que de esta forma, actualizar los marcos normativo en esta materia.
Dijo que es fundamental contar con un Código Nacional que regule el procedimiento penal a nivel federal y en todas y cada una de las entidades federativas, para comprender los alcances y objetivos que busca la reforma constitucional, ya que permite unificar y homologar los procedimientos bajo un mismo esquema, que tiene como principal propósito el respeto a los derechos humanos de las partes involucradas.
Precisó que el Código Nacional de Procedimientos Penales, busca establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional, que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
La legisladora por el estado de Hidalgo, indicó que este código es el resultado de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual dio paso a una nueva era en la impartición de justicia en nuestro país.
Señaló que uno de los aspectos más visibles fue la consolidación de un procedimiento penal que se rija por normas, principios y procedimientos que sean aplicables en todas las entidades federativas y a nivel federal. “Es decir, dejar de lado los múltiples Códigos Procesales Penales de los estados, para adoptar un Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación general”.
“En un proceso penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales facilita la tarea de quienes imparten justicia, evita la multiplicidad de redacciones o consideraciones sobre una regla procesal que pueda afectar a las personas, a la par de detallar los derechos con los que cuentan las víctimas u ofendidos del delito. Así como a las personas imputadas. Es decir, aquellas a quienes se les acusa de haber cometido un delito”.
Sobre este punto, agregó García Anaya, el Código Nacional representa grandes avances en lo que concierne a la dignificación que se otorgue a las partes procesales. “Es por ello que resulta necesario realizar una actualización al Código Nacional, para homologar los nombres de dichos ordenamientos en diversos artículos y con ello garantizar su correcta aplicación
