El coordinador del Revolucionario Institucional en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer como falta administrativa grave, el hecho de que cualquier funcionario público, sin importar su rango, se beneficie indebidamente de un programa de salud o vacunación o que en el desempeño de sus funciones, actúe a favor de terceras personas.
Plantea que aquello funcionarios que incurran en esta falta sean objeto de sanciones que irían desde la suspensión, destitución, inhabilitación del empleo, cargo o comisión; o, en su defecto, la sanción económica.
Dijo que ha habido denuncias de que altos funcionarios públicos tanto a nivel federal, como local, han aprovechado su posición para beneficiarse indebidamente de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Osorio Chong considero que estos servidores públicos al ser denunciados ante la opinión pública, tuvieron que separarse temporalmente de sus cargos o renunciar definitivamente ante los graves escándalos de influyentísimo y abuso de poder que provocaron una profunda indignación entre la población.
“Consideramos que el legislador debe tomar previsiones para evitar que estas prácticas no se repitan y sancionar a la persona servidora o servidor público, que ejerza atribuciones para beneficiarse indebidamente, para sí o para otros, de los programas de salud y vacunación”, señaló el ex secretario de Gobernación.
Por ello, el también ex gobernador del estado de Hidalgo considero necesario que la ley contemple sanciones que inhiban esta conducta irregular, “sobre todo, en medio de una crisis sanitaria que exige de parte del servicio público principios de probidad administrativa y transparencia, así como de una rectitud y solidaridad intachable frente a la comunidad.
“Pero sobre todo, ante aquellos que verdaderamente requieren de la vacuna para salvaguardar su salud y su vida, tal y como ocurre con el personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes afectados por el Covid-19”, expresó el legislador priista.
Insistió en que su propuesta se basa en sancionar por abuso de funciones toda conducta irregular por parte de cualquier funcionario público que, sin importar su rango, utilice el cargo en beneficio y provecho personal, o de personas ligadas a él, para incurrir en la violación de los protocolos que tienen que ver con la aplicación de vacunas o con cualquier otro programa de salud
