Ante la falta de visibilidad de acciones u omisiones que se presenten en la atención del embarazo, lo cual genere una violencia obstétrica y causa de la muerte, daño o sufrimiento, debe existir una responsabilidad penal por aplicarse en los distintos niveles del sistema de salud.
Por ello, integrantes de la LXV Legislatura Local a través del Grupo Legislativo de Morena, proponen que este tipo de conductas reciban un castigo legal, aunado, a que, los derechos humanos de las víctimas, se garanticen una atención de calidad.
José Antonio Hernández Vera, diputado morenista, expuso en tribuna que ya sostuvieron mesas de trabajo con representantes del Colegio Hidalguense de Especialistas en Ginecología y Obstetricia y del Colegio Médico Hidalguense.
Dentro de las propuestas hechas por este sector, esta la búsqueda de medidas de tipo administrativo y de política pública, que refuercen el marco normativo y de derechos humanos.
Con la iniciativa de proyecto de decreto para reformar la fracción VI del Artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia para el Estado de Hidalgo, se englobarían algunas acciones para como parte de las urgencias obstétricas por sancionar.
Dentro de éstas, destaca la atención inoportuna e ineficaz no justificada como es el trato deshumanizado, patologización del proceso embarazo, parto o puerperio.
La medicación sin causa justificada en el proceso del mismo, negativa y obstaculización del apego precoz del recién nacido con su madre sin justificación terapéutica.
Dentro del artículo 5 en el capítulo I, se habla de la violencia obstétrica catalogada como la acción u omisión intencional ejercida por el personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo perteneciente al Sistema Estatal de Salud, o bien, aquellos que son ajenos y que asistan a la mujer
