A dos meses y medio que de entre en función la siguiente legislatura, el diputado morenista Víctor Osmind Guerrero Trejo, presentó una iniciativa para que la Junta de Gobierno del Congreso local, sea presidida durante tres años por el grupo parlamentario que tenga mayoría absoluta.
En caso de que no se cumpla ese supuesto, dice el planteamiento, el órgano colegiado será encabezado por las tres principales fuerzas políticas en el Legislativo, como ocurre actualmente.
La propuesta de reforma al artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, afirmó el morenista, homologaría la norma estatal con la federal.
El documento también considera integrar a la Junta de Gobierno al presidente de la mesa directiva en turno, así como a los diputados de las representaciones partidistas; es decir, aquellos que no cuenten con bancada por ser los únicos de su partido.
“La sesión de instalación de la Junta de Gobierno, será convocada por la o el Coordinador del Grupo Legislativo que tenga el mayor número de diputados, la que deberá quedar constituida e integrada en la Sesión Constitutiva de la Legislatura, para lo cual deberá emitir un Acuerdo que contenga su integración, mismo que hará del conocimiento a la Directiva, quien lo someterá al Pleno del Congreso del Estado para su aprobación”, añade la propuesta.
La reforma no impactaría en la conformación del órgano de mando de la siguiente Legislatura local, la LXV, pues ningún instituto político tendrá 16 diputados, como sí ocurrió en la actual, en la que Morena posee 17 representantes de mayoría relativa.
Asimismo, durante la sesión del lunes los diputados Areli Miranda Ayala y Miguel Ángel Peña Flores, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Hidalgo para endurecer las penas por poner a una persona en peligro de contagio intencional de una enfermedad grave.
Actualmente, la legislación local señala que a quien incurra en esta conducta a sabiendas que puede transmitir un mal a la salud se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y una multa de 20 a 120 días.
La propuesta señala que si la enfermedad padecida fuera incurable el castigo aumentará una mitad, por lo que llegaría hasta 9 años, y la multa, de 30 a 180 días