Con el propósito de paliar algunas de las graves consecuencias que sufren las mujeres que son víctimas de violencia, el diputado del grupo parlamentario de Morena, Navor Alberto Rojas Mancera, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
Manifestó que con esta reforma que presentó en la sesión de este jueves en el recinto de San Lázaro, el Estado Mexicano se encontraría cumpliendo con su deber constitucional y convencional, por garantizar que las víctimas reciban los servicios idóneos para ayudarla a sanar las heridas y seguir adelante con su proyecto de vida.
Manifestó que la violencia en contra de las mujeres es, sin duda, un problema de la mayor envergadura que debe ser erradicado a través de la coordinación y la cooperación de todas las instancias del Estado Mexicano; sin embargo, una vez acontecido el lamentable hecho, lo correspondiente es que las autoridades se hagan cargo del daño generado, con independencia de ejercer las facultades pertinentes para no dejar impune tan reprochable suceso.
Desde la máxima tribuna de la nación, el legislador por el estado de Hidalgo expuso que la Ley General representa un avance importante en lo que respecta a la prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, pero también en lo conducente a la atención de las mujeres que han sido víctimas de violencia.
“Como puede verse, la Ley General representa un esfuerzo destacable por parte del legislador federal para combatir la violencia en contra de las mujeres; sin embargo, aún quedan cosas por realizar e implementar para la consecución del objetivo”.
Dijo que se ha detectado que existe una insatisfactoria repartición de facultades entre los tres órdenes de gobierno, toda vez que las entidades federativas y la Ciudad de México pueden tener un papel más activo en cuanto a la atención de víctimas se refiere.
Por ello, agregó, es que se propone anexar una nueva fracción VI a la citada ley, con la finalidad de que quedé establecido que las entidades federativas y la Ciudad de México deberán brindar a las víctimas, a través de las instituciones del sector salud, atención médica y psicológica de manera integral, interdisciplinaria y con perspectiva de género.
“Con esto se pretende habilitar más instituciones para prestar los servicios dirigidos a paliar algunas de las graves consecuencias que las mujeres sufren en virtud de la violencia ejercida en su contra. Además, el Estado Mexicano se encontraría cumpliendo con su deber constitucional y convencional por garantizar que las víctimas reciban los servicios idóneos para ayudarla a sanar las heridas y seguir adelante con su proyecto de vida”, puntualizó el diputado federal
