La ola de feminicidios en México continúa imparable; en 2021 hubo más de mil mujeres asesinadas, manifestó el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Héctor Chávez Ruiz.
Indicó que los feminicidios se incrementaron en un 3.25 por ciento con respecto al 2020 cuando se reportaron 893, lo que refleja la acuciante violencia machista en un país criticado por no atender la inseguridad que padecen las mujeres y por una elevada impunidad en la mayoría de delitos.
Por este motivo, el diputado federal por el estado de Hidalgo, propuso reformas y adiciones a los artículos 63 y 325 del Código Penal Federal.
Dijo que pese a que los números son estrepitosos y alarmantes, cobra aún más indignación aquellos delitos que al no ser investigados o perseguidos por feminicidio, quedan en la impunidad y la opacidad de la ley; ya que en la mayoría de los casos el agresor atenta contra la vida de la mujer varias veces hasta lograrlo.
En su iniciativa, el legislador del sol azteca expuso que el feminicidio es la cúspide de una escala de violencia que tiende a ser progresiva. “La mayor parte de las veces ocurre en nuestros espacios más cercanos, es decir, en nuestra propia casa o familia, en México, 43.9% de las mujeres que afirmaron haber vivido violencia fueron atacadas por su propia pareja.
Chávez Ruiz indicó que la aplicación de la justicia con perspectiva de género en la etapa de investigación se convierte en un elemento crucial pues las fallas u omisiones durante esta etapa al estudiar los supuestos suicidios, lesiones u otros similares pueden invisibilizar la comisión de feminicidios.
“Es por ello que resulta urgente y necesario replantear las medidas de protección”, aplicadas por las autoridades, las cuales han demostrado ser ineficaces e ineficientes colocando a las víctimas en un estado de mayor vulnerabilidad al regresarlas a sus hogares con los agresores o bien, aumentando la furia de estos tras haberlos denunciado, pero sin lograr una orden de aprehensión, teniendo como consecuencia el feminicidio”.
De ahí que dijo que resulta indispensable modificar la legislación a efecto de poder dotar a las autoridades de herramientas para realizar un trabajo más eficaz, realizar una protección real a las mujeres y desincentivar toda forma de violencia o agresión que pudiese perpetrarse al saber que la misma traerá una repercusión.
Asimismo, plantea que toda privación de la vida de una mujer sea investigada como feminicidio y, sólo si el ministerio público no infiere la existencia de alguna de las razones de género antedichas, se continuará la investigación con las reglas del delito de homicidio.
Se presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones dolosas previstas en los artículos 290, 291, 292, 293 y 295, ocasionadas a una mujer, tengan algún precedente de violencia respecto del mismo agresor, además de las sanciones previstas para el delito consumado
