La diputada del PRI, Sayonara Vargas Rodríguez, propuso que se endurezcan las sanciones contra los agentes del Ministerio Público que entorpezcan investigaciones relacionadas con delitos cometidos por funcionarios públicos.
Al proponer reformas al artículo 325 del Código Penal Federal, la legisladora señaló la necesidad de que se apliquen sanciones mucho más severas, en contra de los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia, la procuración o administración de justicia.
Para ello, propone que se les imponga una pena de tres a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa, además sea destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Estas penas se duplicarán para los agentes del Ministerio Público que entorpezcan las investigaciones para favorecer a funcionarios públicos señalados de cometer delitos de índole sexual.
“Sólo así podremos avanzar hacia un sistema judicial más justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos en México”, expresó la diputada federal por el estado de Hidalgo.
Dijo que es fundamental seguir trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como fortalecer las instituciones para que puedan cumplir su deber de proteger y servir a todas las personas, sin excepción. “Sólo mediante una acción decidida y un compromiso firme con la justicia y la igualdad de género, podremos avanzar hacia una sociedad más segura y equitativa para todas y todos”.
Vargas Rodríguez señaló que es imperativo reconocer que la corrupción y la impunidad presentes en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y ponen en peligro la integridad del estado de derecho al permitir que aquellos responsables de cometer actos ilícitos evadan su responsabilidad ante la justicia.
Afirmó que la protección de los derechos humanos, incluido el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de delitos, es un principio cardinal que el Estado debe salvaguardar en todo momento.
Por ello, insistió en que una medida necesaria y urgente es el endurecimiento de las penas para los agentes del Ministerio Público, que obstaculizan los procesos de investigación relacionados con delitos presuntamente cometidos por funcionarios públicos.
“El endurecimiento de las penas servirá como un disuasivo efectivo para prevenir futuros abusos y actos corruptos, al enviar un mensaje claro de que la corrupción y la impunidad no serán toleradas en nuestro sistema de justicia”, afirmó Sayonara Vargas.

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