Luego de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó un amparo contra la omisión del Poder Legislativo de expedir dicha norma, este martes los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso local presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo.
La propuesta consta de 41 artículos en seis capítulos, mismos que establecen las bases y procedimientos para reconocer y ejercer el derecho a la indemnización de las personas que sufran daños en su esfera jurídica, a través de sus bienes o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.
Establece que los entes públicos deben contar en sus presupuestos de egresos con partidas destinadas a cubrir las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial.
Asimismo, que las reparaciones tendrán que pagarse en moneda nacional o en especie, con la posibilidad de que la autoridad las cubra en parcialidades.
El quejoso, añade, tiene la responsabilidad de probar la afectación reclamada ante el ente público presuntamente responsable del daño.
“Las resoluciones del ente público en las que se niegue la indemnización o, aquellas que no satisfagan a la persona reclamante, podrán impugnarse mediante la vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo”, agrega.
Dentro de sus artículos transitorios, la propuesta apunta que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la ley, el Estado y sus municipios deberán realizarán las adecuaciones a su marco normativo interno.
Hidalgo ha sido omiso por más de 17 años en legislar en materia de responsabilidad patrimonial.
De acuerdo con el amparo 631/2021, el 28 de octubre de 2021 el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo ordenó al Congreso local realizar la reforma constitucional en la materia y expedir sus leyes secundarias a más tardar en el actual periodo ordinario de sesiones.