Propuesta de Morena: Regularizar Beneficios Sociales para Personas Adultas Mayores

Con el fin de combatir las desventajas que vulneran los derechos de las personas adultas mayores, es necesario regularizar en el texto constitucional que los beneficiarios de los programas sociales, sean para todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad, dijo la diputada de Morena, Lidia García Anaya, quien impulsa una iniciativa de reforma al artículo 4° constitucional.
Argumentó que la transformación demográfica que se experimenta requiere ajustes, rediseños y nuevos planteamientos como sociedad y gobierno, a través de los cuales se atiendan las necesidades y demandas de este grupo etario.
Indicó que las y los mexicanos por nacimiento o naturalización, tienen el derecho de recibir esta pensión no contributiva.
Manifestó que en América Latina “la población atraviesa por un proceso acelerado de envejecimiento. “Actualmente, nuestro país presenta mayores proporciones de población en edades avanzadas. Es decir, transitamos de una población joven a una más envejecida”.
En este sentido, la diputada federal por el estado de Hidalgo comento que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022, de cada 10 mexicanos, 2 eran menores de 15 años y solo 1 tenía 60 años o más. Sin embargo, para 2050, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, esta composición se modificará profundamente: se prevé que 2 de cada 10 mexicanos tendrán menos de 15 años, proporción casi idéntica a la de las personas adultas mayores, quienes representarán 21.5.
Agregó que en 2022, el 55.3 por ciento de las personas adultas mayores correspondía a mujeres; y 44.7, a hombres. “Se espera que para 2050, el porcentaje de mujeres respecto del total de personas adultas mayores sea de 57; es decir, 2 puntos porcentuales más que en 2020”, señaló la morenista.
Frente a este escenario, García Anaya dijo que es necesario combatir las desventajas que vulneran los derechos de las personas adultas mayores, por lo se debe regularizar en el texto constitucional para que los beneficiarios de dicho programa social sean a todas las personas adultas mayores de 65 años o de más de edad.