Hace meses el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador decidió hacer una modificación de alto alcance en la legislación electoral de este país. En su propósito, la institución encargada de realizar elecciones, sufría cambios significativos en su estructura.
Los órganos deliberativos (Senadores y Diputados) no pudieron llevar a buen puerto esta iniciativa, que tenía que contar con la mayoría calificada de aquellas soberanías, porque implicaba un cambio constitucional.
Justo después de ese revés legislativo, el titular del ejecutivo federal inició con un “plan b”. Se trataba de algunos cambios en la legislación secundaria, que buscaba afanosamente reducir la carga financiera del INE derivado de su muy amplio presupuesto.
Aquella nueva embestida parecía bien conducida, porque obtuvo el respaldo legislativo necesario. Pero, en la Suprema Corte encontró una barrera. Esto es, aquel tribunal declaró inválidas las reformas a dos leyes, que forman parte del “plan B” electoral.
Con una mayoría de nueve ministros contra dos, consideró que la fracción mayoritaria en el Congreso —Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo—, incurrió en graves violaciones al debido proceso legislativo, para sacar adelante las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron las primeras que entraron en vigor tras su aprobación en diciembre.
Las otras cuatro reformas que integran el paquete del “plan B”, serán analizadas en una sesión futura. Se trata de un primer revés judicial contra uno de los proyectos de reforma más importantes para el Gobierno de López Obrador, que con el “plan B” pretendía acotar las facultades del INE.
Al concluir que el Congreso incurrió en violaciones al procedimiento legislativo en la aprobación del “plan B”, la Corte no tuvo que entrar a la discusión de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las modificaciones. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra.
El ministro Arturo Zaldívar, que se había distinguido por votar a tono con los intereses del Gobierno en otros asuntos, manifestó su desacuerdo con el desaseo procedimental en el que incurrieron los legisladores de la fracción mayoritaria.
De esta manera, se acentúan las diferencias (ideológicas y pragmáticas) entre el presidente y la Corte. Y quizá eso sea muy sano. Pero nunca antes habíamos tenido una diferencia de criterios tan marcada entre estos dos poderes.
También cabe una segunda lectura. Hay que analizar con calma el argumento jurídico que debería hacer presidencia, previa a mandar iniciativas de importante calado. Lo que tenemos como conclusión muy básica, es que los asesores del presidente no están haciendo bien su trabajo.
Por último, la oposición y todos aquellos que salieron a la calle a defender al órgano electoral, tienen ahora aire puro para consolidar su discurso sobre la intención del presidente de acabar con el órgano electoral.
Y que, en su caso, la Corte salió a defender la legalidad de sus reformas que solo buscaban desmantelar el aparato burocrático del INE.
Esto es, sin duda, un duro golpe al presidente en su discurso cotidiano donde sobresalen descalificativos a los órganos autónomos, por su inoperancia en el proceso de transformación nacional.