Llena de vericuetos se torna la realidad política de Nuevo León, donde no se tiene certeza de quién gobierna de forma legal y legítima, porque existe al mismo tiempo un gobernador constitucional y uno interino.
Este galimatías empezó cuando Samuel García decide pedir licencia al cargo y dejar en su lugar al secretario de gobierno, cuestión que rebasa la ley, porque el Congreso Local es el único facultado para designar a un interino.
En los pasos previstos los diputados locales asumieron su responsabilidad y tomaron una decisión que no le gustó al solicitante. Hay que decir que aquella soberanía tiene mayoría de representantes del PRI y el PAN, contrarios a los diputados de Movimiento Naranja, instituto del cual emana el gobernador constitucional.
Esa es la base del conflicto y punto de arranque en todas las diferencias (al parecer irreconciliables) entre la clase política neolonesa. Una confrontación entre personajes que se acusan entre ellos de actos de ilegalidad y corrupción.
Quizá lo más rescatable de esta mala trama, son los vacíos legales que prevalecen en algunas entidades federativas, cuando un gobernador decide pedir licencia al cargo. Aunque son aislados los casos, si vale la pena definir mecanismos precisos para erradicar los vacíos de poder y las crisis que ponen en riesgo la estabilidad de un estado.
Por otro lado, vale la pena considerar los tiempos que marca la norma electoral para separarse del cargo. En ocasiones suena poco razonable, que alguien se separe de un cargo de elección y el que sustituye al primero, es una persona que no tiene legitimidad en las urnas. Por tal motivo carece de margen de maniobra en su nueva responsabilidad.
No solo eso, según el Congreso de Nuevo León, está en la facultad de decidir sobre la persona que puede encargarse del ejecutivo local, porque ellos representan al pueblo. De esta manera, se trataría de una elección indirecta.
Pero dentro de nuestro esquema, lo que es un hecho es que faltó madurez en varios actores políticos. Por principio de cuentas a Samuel García, le faltó analizar los distintos escenarios que podrían derivar su licencia, al Congreso Local le faltó generar consenso en su propuesta, al partido movimiento naranja le faltó definir reglas para elegir a su candidato a la presidencia.
Esta suma de errores al final del día, generaron una crisis política que tuvo a Nuevo León con dos gobernadores en “funciones” y con la incertidumbre de que un conflicto que pudo llegar lejos sino se contiene a tiempo.
También hay que subrayar el juego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con las horas contadas emite una resolución que de hacerlo antes hubiera evitado el conflicto. Es decir, también el máximo tribunal, se convirtió en actor político en beneficio de los intereses de una fracción del poder.
En suma, hay que evitar capítulos como los que estamos viendo en Nuevo León, que mucho se entienden por la suma de la avaricia, la inexperiencia y la ambición.